Ser pobre sale caro en España. Al no tener se suma el no dar del Gobierno y, lo que es peor, también se suma el quitar.
En un contexto de creciente desigualdad social, resulta preocupante observar cómo determinadas políticas públicas parecen estar diseñadas no para proteger a los más desfavorecidos, sino para obtener rédito económico a costa de ellos. La expresión "hacer caja" cobra un sentido especialmente doloroso cuando se aplica a colectivos vulnerables que, lejos de recibir apoyo institucional, se ven sometidos a cargas fiscales, recortes y medidas que agravan su situación.
Tasas, recortes y abandono de los más pobres
En los últimos años, se han multiplicado las denuncias por el aumento de tasas administrativas que afectan directamente a personas con bajos recursos: desde el copago farmacéutico hasta el encarecimiento de trámites básicos como la renovación de documentos o el acceso a servicios sociales. A esto se suma la reducción de ayudas públicas, el endurecimiento de requisitos para acceder a prestaciones y la externalización de servicios esenciales que priorizan el beneficio económico sobre la atención humana.
Vivienda y energía: derechos convertidos en negocio
El acceso a la vivienda digna y a la energía básica se ha convertido en un lujo para muchos. Las políticas de vivienda social han sido desmanteladas progresivamente, mientras se permite la especulación inmobiliaria sin apenas control. En paralelo, los precios de la electricidad y el gas continúan al alza, sin que se implementen medidas efectivas para proteger a las familias en situación de pobreza energética.
El coste de la dependencia
Otro ejemplo alarmante es el sistema de atención a la dependencia. A pesar de que miles de personas esperan años para recibir una prestación o plaza en residencia, los presupuestos destinados a este ámbito no se ajustan a la demanda real. En muchos casos, las familias deben asumir costes desorbitados para garantizar cuidados básicos, mientras el Estado se limita a una gestión burocrática que retrasa la ayuda y genera sufrimiento.
Y no solo estamos hablando de costes económicos. También nos referimos a los costes humanos, a las personas cuidadoras familiares que renuncian a sus sueños para cuidar a sus seres queridos sin compensación alguna. No hay reconocimiento social hacia la persona cuidadora. Y es injusto.
Encima el Gobierno, se encarga de poner la guinda a la tarta de dificultades que afrontan las cuidadoras familiares. Se echa en falta la regulación de horarios flexibles, la existencia de permisos en el trabajo para llevar a tu familiar al médico, la agilización en la tramitación en plazas en residencias públicas.
El gobierno del señor Sánchez práctica, presuntamente, en Ley de la Dependencia una eutanasia encubierta. No le dan al anciano/a dependiente la pastilla para morir, pero le dan la miseria para acabar con su familia, sobre todo.
¿Quién paga la factura?
La paradoja es evidente: mientras se anuncian beneficios fiscales para grandes empresas o se condonan deudas millonarias, se exige a los ciudadanos más vulnerables que "se aprieten el cinturón". Esta lógica no solo es injusta, sino que perpetúa la exclusión social y erosiona la confianza en las instituciones.
Es urgente replantear el modelo de gestión pública, priorizando la equidad, la protección social y el respeto a los derechos fundamentales. Un Estado que hace caja con los más débiles deja de ser garante de justicia para convertirse en cómplice del abandono.
Debemos recordarle al Gobierno del señor Sánchez su obligación moral de servir a las personas más desfavorecidas y no servirse de ellas. Es inmoral que se hagan recortes en Ley de la dependencia, becas, políticas de vivienda de protección oficial. Y también es inmoral que se quiten de la lista de medicinas financiadas por la Seguridad social ciertos analgésicos, antigripales, antihistamínicos o los suplementos nutricionales. Unas vitaminas, por ejemplo, salen muy caras.
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