domingo, 12 de abril de 2026

Todo lo que se sabe del SEPRONA

En Europa existen cuerpos equivalentes al SEPRONA dedicados a la protección ambiental, como la Gendarmerie Nationale francesa a través de sus Brigades de l’Environnement, la Carabinieri Command for Forest, Environmental and Agri-food Protection en Italia —una de las fuerzas más amplias y especializadas del continente—, la Umweltpolizei alemana con competencias repartidas entre policías regionales y agencias ambientales, la Environmental Protection Unit de la policía del Reino Unido, o las unidades ecológicas de países nórdicos como la Miljöpolisen sueca; todos ellos comparten funciones de vigilancia medioambiental, control de fauna y flora, lucha contra delitos ecológicos e investigación de infracciones relacionadas con la contaminación y la protección de espacios naturales, configurando una red europea de cuerpos policiales especializados en la defensa del medio ambiente.
Podría decirse, pues, que en España nos hemos sumado a la moda europea sin innovar mucho. Dentro de la Benemérita de toda la vida se ha creado una sección cuyo trabajito es proteger la Naturaleza. ¡Pobre Naturaleza! 
La naturaleza libre y salvaje está siendo cuidada por gente uniformada y armada. Una esperaría que en un país que se dice democrático hubiera una inspección civil.
Pero veamos de qué va esto...
1. Competencias del SEPRONA
El SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) tiene como misión velar por el cumplimiento de todas las disposiciones relacionadas con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Sus competencias abarcan un espectro muy amplio:
En total, sus agentes trabajan con más de 2.000 normas entre legislación europea, estatal, autonómica y municipal. Wikipedia

2. De quién depende el SEPRONA
El SEPRONA es una especialidad de la Guardia Civil, por lo que depende:
  • Orgánicamente del Ministerio del Interior, a través de la propia Guardia Civil.
  • Su mando se estructura en la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza, creada por el Real Decreto 1449/2000. 
En resumen: forma parte de la Guardia Civil y depende del Ministerio del Interior.

3. Con cuántos agentes cuenta
Aquí es donde las fuentes públicas no ofrecen una cifra exacta y actualizada.
La Guardia Civil no publica oficialmente el número total de agentes del SEPRONA en sus documentos recientes. 
Una vez más vemos la falta de transparencia en la Administración, sobre todo, en lo referente a informaciones de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta democracia española cojea. 
Sin embargo, distintas estimaciones periodísticas y datos históricos sitúan la cifra entre 1.500 y 2.000 agentes, dependiendo del año y de la estructura operativa.
Las fuentes consultadas no proporcionan un número concreto verificable, por lo que no puedo citar una cifra exacta.
4.El control de las explotaciones ganaderas.
El SEPRONA ejerce un control integral sobre las explotaciones ganaderas para garantizar la sanidad animal, el bienestar de los animales, la trazabilidad, la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa ambiental, realizando inspecciones que verifican la identificación del ganado, los registros obligatorios, el uso correcto de medicamentos veterinarios, la ausencia de enfermedades como la tuberculosis o la brucelosis, la legalidad de las instalaciones, la correcta gestión de residuos como purines y estiércoles, y la inexistencia de prácticas fraudulentas o explotaciones clandestinas; además, actúa frente a irregularidades graves como la manipulación de pruebas sanitarias, la falta de documentación, el maltrato animal o la introducción de carne en el mercado sin control sanitario, llegando a inmovilizar animales, abrir diligencias penales y coordinarse con autoridades autonómicas y europeas cuando es necesario. 
Esta labor de control de la cadena alimentaria es la más importante. Muchas veces no somos conscientes del daño que nos puede hacer una carne en mal estado o una carne que procede de animales tratados con medicación no permitida. Afortunadamente, en España la trazabilidad de los alimentos suele ser alta. Se puede saber de qué tienda ha salido el chuletón, de qué matadero procede, se conoce la res, se tienen datos de la granja. 
Pero, aun así, con labores encomiables que puedan hacer, sigo insistiendo en la necesidad de una inspección civil, sin uniformados armados. Estamos en un país democrático y en los países democráticos deben reducirse a su mínima necesidad los funcionarios armados.
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ECONOMISTA
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lunes, 6 de abril de 2026

Fiesta Crédito: una solución rápida que termina saliendo cara


Hablar de los llamados “créditos fáciles” siempre me genera una mezcla de inquietud y frustración. Son productos financieros que se presentan como salvavidas inmediatos, pero que en la práctica suelen convertirse en una trampa para quienes ya están en una situación vulnerable. Fiesta Crédito es un ejemplo claro de este fenómeno. Tras analizar su funcionamiento y observar cómo operan este tipo de plataformas, mi opinión es firme: son una solución rápida que puede empobrecer aún más a quienes recurren a ellas.
La aparente comodidad: rapidez y pocos requisitos
Es innegable que Fiesta Crédito ofrece una experiencia ágil. El proceso de solicitud es casi instantáneo, los requisitos son mínimos y el dinero llega en cuestión de minutos. Desde un punto de vista operativo, es un sistema eficiente. Pero esa eficiencia no es gratuita: está diseñada para que el usuario tome decisiones impulsivas, sin tiempo para reflexionar sobre las consecuencias financieras que asumirá.
La facilidad de acceso, lejos de ser una ventaja real, se convierte en un arma de doble filo. Cuando un producto financiero elimina casi todos los filtros, lo que hace en realidad es trasladar el riesgo al consumidor, que termina pagando intereses desproporcionados por una urgencia puntual.
El verdadero coste: intereses elevados y plazos asfixiantes
Aquí es donde se revela la cara menos amable del servicio. Los intereses son muy altos, incluso para los estándares de los microcréditos. A esto se suma que los plazos de devolución son extremadamente cortos, lo que obliga al usuario a reorganizar su economía de forma brusca y, en muchos casos, poco realista.
Este tipo de condiciones no están pensadas para ayudar a estabilizar a nadie. Al contrario: fomentan un ciclo de endeudamiento que puede volverse difícil de romper. Cuando alguien solicita un crédito rápido suele hacerlo desde la necesidad, no desde la planificación. Y esa urgencia es precisamente lo que estas plataformas monetizan.
La falta de flexibilidad: un sistema que no perdona
Otro aspecto preocupante es la rigidez del servicio. Las opciones para extender plazos o renegociar condiciones son escasas o inexistentes. Esto deja al usuario sin margen de maniobra si surge cualquier imprevisto, lo cual es paradójico, porque quienes recurren a estos créditos suelen vivir precisamente en contextos donde los imprevistos son frecuentes.
La consecuencia es clara: si no puedes pagar a tiempo, la deuda crece. Y crece rápido.
Una herramienta que no ayuda a salir del problema
Mi postura es clara: este tipo de créditos no solucionan problemas financieros, solo los aplazan a un coste muy alto. Funcionan como un parche momentáneo que, en lugar de cerrar la herida, la agranda. Fiesta Crédito puede ser útil en un caso extremadamente puntual, pero no es una herramienta saludable ni sostenible para la economía personal de nadie.
La narrativa de “dinero rápido y sin complicaciones” es seductora, pero también peligrosa. En un contexto donde muchas personas viven al límite, ofrecer soluciones inmediatas sin advertir del impacto real es, como mínimo, irresponsable.
Conclusión: una falsa salida que termina atrapando
Fiesta Crédito cumple su promesa de rapidez, pero lo hace a costa de condiciones que pueden agravar la situación económica de quienes lo utilizan. Por eso considero que estos productos deben abordarse con mucha cautela y, en la medida de lo posible, evitarse.
La verdadera solución a los problemas financieros no pasa por créditos exprés, sino por herramientas que fomenten la estabilidad, la educación financiera y el acceso a productos más justos. Mientras eso no sea la norma, servicios como Fiesta Crédito seguirán siendo un espejismo: un alivio momentáneo que puede convertirse en una carga duradera.

ECONOMISTA
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viernes, 3 de abril de 2026

La Semana Santa de Pedro Sánchez en el Palacio de Las Marismillas

Las vacaciones de Pedro Sánchez y su familia en la finca de Las Marismillas están dando mucho que hablar. El presidente se ha subido de nuevo a un avión Falcón y ha concluido su desplazamiento en un barquito del que ha salido rodeado de guardias civiles. Más que un Presidente de la Democracia parecía un Presidente de la Dictadura. ¿De qué tiene miedo el señor Sánchez?...
La finca de Las Marismillas, situada en el Parque Nacional de Doñana, es una residencia oficial del Estado utilizada históricamente por distintos presidentes del Gobierno de España para periodos de descanso. Se trata de un caserón aislado, rodeado de naturaleza y con un alto nivel de protección, lo que la convierte en un lugar ideal para estancias privadas de mandatarios y sus familias. A Pedro Sánchez le gusta mucho. Suele elegir Las Marismillas para disfrutar sus vacaciones más familiares.
No debería tener el presidente miedo. Las Marismillas tienen acceso restringido y son un lugar sin presencia de turistas, lo que le permite al presidente disfrutar de días de descanso sin mirones.
Más bien el señor Sánchez debería sentirse confiado y feliz porque las vacaciones no le costarán ni un euro. Esta residencia está gestionada por Patrimonio Nacional. Es decir, pagamos con nuestros impuestos la casita palaciega.
En el año 2024 también anduvo Pedro Sánchez por Las Marismillas. No cabe duda, de que conoce muy bien las 18 habitaciones del palacio, sus salones, sus jardines. Por mucho que digan que Las Marismillas no es un palacio lujoso, un palacio siempre es un palacio. Ni tú ni yo tenemos soluciones habitacionales con tanta habitación para dormir. 
Tampoco tenemos el común de los mortales una playa privada. El señor Sánchez y doña Begoña pueden salir de la residencia de Las Marismillas, bajar por un caminito e irse a dar un chapuzón sin que nadie les vea los trajes de baño.
Esta humilde economista le pide al presidente Pedro Sánchez que no derroche tanto. Está don Pedro usando mucho el avioncito Falcón. ¿Por qué no va por carretera? ¿Por las caravanas de entrada y salida de Madrid? ¿Y por qué lleva tantísima escolta uniformada?... Pensemos en las mujeres maltratadas a las que este país no protege de sus presuntos maltratadores y nos indignamos. Muchos de los policías y guardias civiles que le sobran al presidente del gobierno le hacen falta a la seguridad ciudadana.
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domingo, 22 de marzo de 2026

El Ministerio del Interior no admite quejas

Decimos que vivimos en un país democrático, pero parece que esa democracia recogida en la Constitución española está muy limitada en la práctica. Lo ves cuando intentas, por ejemplo, hacer una queja online en la página web del Ministerio del Interior.

Una y otra vez te sale la pantalla de "Se ha producido un error. Inténtelo más tarde". Llevo tres días intentándolo. Mañana lunes voy a presentar la queja en un registro físico, visto que el sistema online de recepción de quejas no funciona o no lo dejan funcionar.

Se ve que los políticos del gobierno Sánchez quieres solo aplausos. Llama la atención que en la web del Ministerio del Interior haya la posibilidad de dejar felicitaciones. ¿Felicitar por hacer bien su trabajo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? me pregunto. Pensé siempre que una actuación correcta era lo que se esperaba.

En cambio, parece que las actuaciones correctas de los señores policías y guardias civiles no deben ser muchas. Lo digo por las dificultades que ponen para a la ciudadanía para que se queje al señor ministro del Interior. 

No pierdan el tiempo poniendo palitos en las ruedas de las bicicletas, señores del gobierno de España. Las ciudadanas y ciudadanos de este país presentaremos las quejas por el mal funcionamiento policial que tengamos que presentar. Les guste o no les guste.

No es de recibo que haya funcionarios uniformados y armados que no cumplan la ley. Hay que decirlo. Hay que contarlo. Hay que protestar.

No voy a callar cuando un guardia civil pide en una identificación un número de teléfono que la ley no exige. No voy a callar cuando dos patrullas de la guardia civil van a comer a la casa de un señor que no paga un impuesto por una explotación agraria. No voy a callar cuando los guardias civiles dicen no tener lectores de chips de animales.

Y si tengo que ir a contarlo a la prensa internacional, iré a contarlo. En España no hay democracia práctica. Hay democracia de papel en una Constitución que no cumplen ni en las comandancias de la Guardia Civil. 

María Rey
Economista

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miércoles, 18 de marzo de 2026

El Ingreso Mínimo Vital también es para jóvenes que viven en casa de sus padres



Poco da y mucho quita este gobierno de Pedro Sánchez. Este año 2026 han introducido alguna modificación en el ingreso mínimo vital para buscar votos. Seguro que el resultado es el que hemos visto en años precedentes: dar y quitar. Son muchas las personas beneficiarias que han acabado obligadas a devolver al Estado la prestación o parte de la prestación concedida. Por tanto, no echen las campanas al vuelo si les toca una quiniela llamada ingreso mínimo vital, porque puede terminar en quinigol. 
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación que en 2026 supera los dos millones de personas beneficiarias en España, según datos del Ministerio de Inclusión y la Seguridad Social. Esta ayuda está diseñada para reducir la pobreza y la exclusión social, y su alcance continúa creciendo a medida que se flexibilizan los requisitos para colectivos vulnerables, incluidos jóvenes que aún viven con sus padres.
Desde 2026, el Gobierno permite que jóvenes mayores de 23 años que viven con sus padres puedan solicitar el IMV siempre que cumplan ciertos requisitos económicos, como no superar ingresos de 733 euros mensuales. Esta medida reconoce la realidad de muchos jóvenes que, pese a convivir con su familia, no cuentan con recursos propios suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El número total de hogares que reciben el IMV ronda los 810.928, en los que viven 2.477.021 personas, según la estadística oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Aunque estos datos no desglosan cuántos beneficiarios viven específicamente con sus padres, sí muestran que el perfil es diverso y que la ayuda llega a unidades de convivencia muy distintas, incluidas aquellas donde conviven varias generaciones.
Además, el IMV ha dado cobertura a cerca de 3,4 millones de personas desde su puesta en marcha, incluyendo casi 1,5 millones de niños y adolescentes, lo que evidencia que muchas familias multigeneracionales (donde adultos jóvenes viven con sus padres) forman parte del colectivo beneficiario. Esto refuerza la idea de que la convivencia familiar no excluye la necesidad de apoyo económico.
La Seguridad Social también ha señalado que miles de jóvenes que viven con sus padres pueden acceder al IMV siempre que no formen parte de la misma unidad de convivencia a efectos administrativos, lo que implica requisitos específicos sobre ingresos y empadronamiento.  Esta situación es cada vez más común en un contexto de salarios bajos, precariedad laboral y dificultades para emanciparse.
Finalmente, el Gobierno ha destacado que el IMV es una herramienta clave para prevenir la pobreza juvenil, especialmente entre quienes no han logrado independizarse. De hecho, se estima que miles de jóvenes mayores de 23 años que viven con sus padres ya reciben esta prestación, siempre que sus ingresos no superen los límites establecidos. En conjunto, estas cifras muestran un fenómeno creciente: convivir con los padres no implica necesariamente estabilidad económica, y el IMV se ha adaptado para responder a esta realidad social. 
Aconsejo a las personas beneficiadas con un ingreso mínimo vital que tengan cuidadito. Son personas que van a percibir unas cantidades en concepto de renta básica que puede que terminen reintegrando. También os recuerdo que están obligadas a hacer la declaración de hacienda. 
ECONOMISTA
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miércoles, 11 de marzo de 2026

Rosa Crujeiras es la primera mujer rectora de la Universidad de Santiago de Compostela

Las mujeres vamos avanzando pasito a pasito en esta sociedad que no ha dejado de ser patriarcal. Por fin podemos decir que la Universidad gallega tienen una rectora. ¡Y ya era hora! Han pasado siglos en el que el sillón de mando de la universidad en Galicia estaba ocupado siempre por varones.
Rosa Crujeiras ha hecho historia al convertirse en la primera rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y, por extensión, en la primera rectora de la historia de Galicia, tras obtener un apoyo contundente del 65–66% del voto ponderado en la segunda vuelta de las elecciones universitarias. Su victoria supone un hito en una institución con más de 500 años de historia, que nunca antes había sido dirigida por una mujer. 
La profesora Rosa Crujeiras, nacida en Ribeira en 1978, es catedrática de Estadística e Investigación Operativa, un perfil académico en el que se refleja tanto la producción científica como la capacidad de gestión. Ha sido vicerrectora de Comunicación y Coordinación de la USC y directora científica del CITMAGA, además de recibir reconocimientos por su labor investigadora. Su trayectoria combina investigación de alto nivel, liderazgo institucional y una visión reformista centrada en una universidad más feminista, moderna y orientada a la investigación. 
Para alcanzar el rectorado, Rosa Crujeiras contó con un apoyo transversal dentro de la comunidad universitaria. Ganó en los cuatro sectores de voto: profesorado permanente, profesorado no permanente, personal de administración y servicios, y estudiantes. Este respaldo amplio refleja la confianza en su proyecto, que propone una USC más cohesionada, con mayor proyección internacional y con políticas de igualdad más ambiciosas. Su campaña, que se extendió durante siete intensas semanas, logró movilizar a un electorado que buscaba renovación y estabilidad. 
Tras su victoria, la nueva rectora expresó sentir un "inmenso orgullo y una enorme responsabilidad", subrayando que su elección es también una "conquista social para las mujeres" y un paso necesario hacia la igualdad en los espacios de poder académico. Declaró además su deseo de no ser la última, sino la primera de muchas rectoras que lleguen a la USC en el futuro. Su mensaje ha sido interpretado como un impulso simbólico para la presencia femenina en la gobernanza universitaria. 
El contexto nacional también acompaña este avance: aunque España ha incrementado en los últimos años el número de mujeres al frente de universidades, la cifra sigue siendo minoritaria. La elección de Rosa Crujeiras se suma a un movimiento creciente que busca equilibrar la representación de género en la educación superior. Su liderazgo se percibe como una oportunidad para impulsar políticas de igualdad, conciliación y visibilidad del talento femenino en la universidad.
Estas son la rectoras que hay actualmente en universidades españolas:
  1. Eva Ferreira – Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
  2. Amaya Mendikoetxea – Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
  3. Rosa Visiedo – Universidad CEU San Pablo
  4. María Jesús Esteban – Universidad de La Rioja
  5. María Antonia Peña – Universidad de Huelva
  6. Pilar Aranda – Universidad de Granada
  7. María José Figueres – Universidad de Girona
  8. Marta Macho – Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
  9. María Dolores Bejarano – Universidad de Cádiz
  10. Nuria Grané – Universidad de Alicante
  11. Margarita Arboix – Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
  12. Montserrat Iglesias – Universidad Pontificia Comillas
  13. Isabel Durán – Universidad Complutense de Madrid (UCM)
  14. María Vicenta Mestre – Universidad de Valencia
  15. Ana María López – Universidad Pública de Navarra
  16. María del Rosario Sáez – Universidad Europea
  17. María José Gallardo – Universidad de Extremadura
  18. María del Mar Holgado – Universidad Loyola
  19. María José Alarcón – Universidad de Almería
  20. Rosa Crujeiras – Universidad de Santiago de Compostela (USC)
Es decir, estamos hablando de 20 mujeres al frente de 20 universidades. En España hay un total de 96 universidades. Todavía queda mucho camino por andar para alcanzar la igualdad en los puestos de mando de la universidad española.
También queda camino por andar en lo que se refiere a la igualdad territorial. El mayor número de universidades se concentra en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. España es un país de zona rica, zona pobre. La España despoblada está alejada de los estudios universitarios.
En este mundo de desigualdades, debemos felicitar a la nueva rectora de la USC. Volvemos a decirlo: ya era hora de que las mujeres llegáramos a la cúspide de mando de la universidad en Galicia. Nos quedan pendientes una primera rectora en la Universidade de A Coruña y una primera rectora en la Universidade de Vigo. Esperemos verlas pronto.
Y esperemos también que la feminización del mando traiga sentido común a las universidades. Sería una gran noticia que todas estas mujeres que llegan a los sillones de mando se atrevan a acercar las carreras universitarias a las necesidades del mercado en cuanto a mano de obra. Una universidad de intelectuales de biblioteca nos lleva a la Edad Media. Queremos una universidad que dé soluciones a problemas de empresas y personas, generando valor añadido para la sociedad. Así es como se crean puestos de trabajo y como se crea riqueza en el país.
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lunes, 2 de marzo de 2026

Las consecuencias económicas de la última guerra de Donald Trump

Al presidente Trump le gusta jugar a la guerra desde su sillón de mando en el despacho oval. Este fin de semana puso sus misiles en Irán como quien pone una pica en Flandes. La guerra abierta entre Irán, Israel, Estados Unidos y varios países del Golfo ha provocado una cadena de ataques que ha alcanzado a territorios habitualmente estables como Abu Dabi. La región vive una escalada marcada por bombardeos, drones y misiles que han golpeado aeropuertos, bases militares y zonas urbanas, generando víctimas civiles y paralizando infraestructuras clave. Esta espiral de violencia ha puesto de manifiesto la fragilidad del equilibrio en Oriente Medio y el riesgo de que el conflicto se extienda más allá de sus focos iniciales. 
Los ataques de Irán han sido calificados por numerosos gobiernos como ilegales e indiscriminados, especialmente tras impactar en países como Israel, Chipre y varios estados del Golfo. La respuesta de Estados Unidos e Israel, con bombardeos sobre territorio iraní, ha añadido una capa más de tensión, alimentando un ciclo de represalias que amenaza con desbordarse. La posibilidad de que potencias europeas como Francia, Alemania y Reino Unido participen en acciones defensivas contra Irán ha elevado aún más la preocupación internacional. 
En este contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha adoptado una postura centrada en la desescalada y el respeto al derecho internacional. Ha condenado tanto los ataques de Irán como las acciones militares unilaterales de Estados Unidos e Israel, insistiendo en que la violencia solo genera más violencia y que la prioridad debe ser detener la espiral bélica. Para Sánchez, cualquier intervención que no pase por la legalidad internacional contribuye a un orden global más incierto y hostil. 
El Gobierno español ha subrayado que la situación es "gravísima" y ha pedido diálogo como única vía para recuperar la estabilidad. Además, ha recomendado a los ciudadanos españoles en la región —especialmente los 158 que se encontraban en Irán en el momento de los ataques— que abandonen el país por motivos de seguridad. Esta reacción refleja la preocupación de España por la seguridad de sus nacionales y por el impacto que una escalada mayor tendría en Europa y el Mediterráneo. 
Sánchez también ha señalado que los bombardeos, aunque dirigidos a objetivos militares, terminan alcanzando calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes, lo que agrava la crisis humanitaria y dificulta cualquier intento de mediación. Su mensaje ha sido claro: detener la espiral de violencia es imprescindible para evitar una guerra de consecuencias imprevisibles para toda la región. 
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue dividida entre quienes abogan por una respuesta militar contundente contra Irán y quienes, como España, piden contención y respeto al derecho internacional. La evolución del conflicto dependerá en gran medida de si las potencias implicadas optan por seguir escalando o si se abre una ventana para la diplomacia. En cualquier caso, la situación en Abu Dabi y en el resto de Oriente Medio seguirá siendo un punto crítico para la estabilidad global en las próximas semanas. Donald Trump promete más y peores bombardeos. A ese señor de cabeza rubia y esposa bella le gusta la guerra.
En cambio, a nosotras y a nosotros, no nos gustan los conflictos bélicos. Nos horrorizan los muertos, las familias destrozadas, las viviendas derruidas, y nos preocupan las consecuencias económicas de estas guerras. La nueva contienda en Oriente Medio va a tener como consecuencia a corto plazo una subida preocupante los precios de los carburantes. Gasolina más cara, transporte más caro, comida más cara, pobreza más severa. Las consecuencias de la guerra de Donald Trump son más inflación.                                                                                          
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domingo, 1 de marzo de 2026

Como ganar dinero con Pixabay aunque no seas un fotógrafo profesional

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miércoles, 25 de febrero de 2026

Todo lo que hay que saber sobre la baliza V16 inventada por el Gobierno de Pedro Sánchez

Mucho están dando que hablar estos días las balizas que el gobierno del señor Sánchez ha hecho obligatorias para colocar en los automóviles averiados. Todo cambia, pero no sabemos si el cambio de triángulos por balizas será para mejor. El tiempo dará y quitará razones si antes no las quita la Unión Europea.
La baliza V16 es el dispositivo luminoso que sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia en España desde el 1 de enero de 2026. Su función es mejorar la seguridad vial al permitir que un vehículo averiado o detenido en carretera sea visible sin que el conductor tenga que bajarse del coche, reduciendo así el riesgo de atropellos. Este dispositivo debe colocarse en el techo del vehículo y, en su versión conectada, envía automáticamente la ubicación del incidente a la plataforma DGT 3.0 para alertar al resto de usuarios de la vía. 
Sin embargo, la implantación de la baliza V16 ha generado un notable debate jurídico a nivel europeo. La Comisión Europea ha confirmado que España no notificó a Bruselas la normativa que hacía obligatoria la baliza V16 conectada, a pesar de que la legislación comunitaria exige que cualquier Estado miembro comunique previamente cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción. Este incumplimiento podría acarrear consecuencias jurídicas relevantes e incluso cuestionar la validez de la obligatoriedad impuesta, ya que la falta de notificación puede afectar al mercado interior y a la libre competencia. 
La Unión Europea ha señalado que corresponde a cada Estado miembro evaluar si sus medidas deben ser notificadas, pero en este caso considera que la normativa española sí entraba dentro de esa obligación. Por ello, no se descarta la apertura de un procedimiento formal de infracción contra España, lo que podría derivar en modificaciones o revisiones de la regulación vigente. Este escenario mantiene en vilo a fabricantes, distribuidores y conductores, que buscan claridad sobre la continuidad del dispositivo. 
Nada nuevo bajo el sol. El Gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno de la improvisación. Funcionan Sánchez y sus ministros y ministras a golpe de apresuramiento. Lo que hacen lo hacen con prisas. Por tanta prisa hacen muchas cosas mal.
A pesar de la controversia, la baliza V16 continúa siendo obligatoria en España mientras no exista una resolución contraria. Las autoridades de tráfico han indicado que, aunque la norma está en vigor, su aplicación inicial será flexible debido al periodo de adaptación y a la confusión generada. No obstante, ya se han registrado las primeras sanciones por no llevar el dispositivo en el vehículo. 
En conclusión, la baliza V16 representa un avance en seguridad vial, pero su marco legal está bajo revisión por parte de la Unión Europea. Es recomendable mantenerse informado sobre posibles cambios normativos, especialmente para quienes aún no han adquirido el dispositivo o están valorando su compra. 
Esto es lo que os recomiendo: informaros sobre los cambios que puede haber para adaptar la normativa de las balizas a la legislación europea. Seguro que habrá modificaciones. Parece que el gobierno de don Pedro no ha hecho bien las cosas.
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Otra denuncia contra Íñigo Errejón

Parece que Errejón tenía motivos para preocuparse cuando dimitió de la cosa política. Él sabía lo que presuntamente había hecho entre borracheras y drogas. No fue solo Elisa la agredida presuntamente por el ex político sino que hay más mujeres que dicen que sufrieron abusos sexuales. Íñigo se nos empieza a mostrar como un individuo muy distinto al joven profesor que pasaba de la Universidad a la política.
La segunda denuncia contra Íñigo Errejón fue presentada por una mujer que afirma haber sufrido una agresión sexual en octubre de 2021, en el domicilio del entonces diputado. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido tras un encuentro previo y habrían incluido actos sexuales sin consentimiento. La mujer, que posee cierta notoriedad pública, ha solicitado medidas de protección y confidencialidad absoluta para evitar la exposición mediática. 
La acusación sostiene que Errejón habría presionado a la denunciante en un contexto de confianza previa, iniciada a través de redes sociales. La mujer relata que el político insistió en trasladar la conversación a Telegram por la supuesta autodestrucción de mensajes, y que el encuentro posterior derivó en actos sexuales no consentidos. Este relato coincide en parte con patrones descritos en la primera denuncia, lo que ha generado un fuerte impacto mediático. No se está hablando de otra tema en las redes sociales.
Por su parte, Íñigo Errejón ha rechazado públicamente la veracidad de esta segunda denuncia, calificándola como una maniobra mediática y una estrategia vinculada a la primera denunciante, la actriz Elisa Mouliaá. Su defensa sostiene que los hechos descritos son "inciertos" y que la acusación responde a un intento de reforzar la credibilidad de la primera denuncia, actualmente también en proceso judicial. 
El abogado que representa a la segunda denunciante es Alfredo Arrién Paredes, el mismo letrado que lleva la acusación de Elisa Mouliaá. El abogado Arrién ha solicitado al juez máxima confidencialidad para proteger la identidad de su clienta, insistiendo en que se trata de una persona con reconocimiento público cuya carrera podría verse afectada por la exposición mediática. También ha pedido prudencia, recordando que la denuncia debe ser ratificada y que el procedimiento aún no se ha incoado formalmente. 
Alfredo Arrién ha tenido una presencia destacada en medios, donde ha explicado aspectos generales del caso sin revelar detalles sensibles. Su papel ha sido clave en la visibilización de ambas denuncias, aunque esto también ha generado críticas por parte de la defensa de Errejón, que lo acusa de utilizar los medios para influir en la opinión pública. Aun así, el abogado mantiene que su prioridad es garantizar la protección y el derecho a la justicia de sus representadas. Esperemos que así sea.
Debemos aplaudir a las mujeres que denuncian a sus acosadores y más que acosadores. Son mujeres muy valientes. Denunciar no es fácil cuando eres mujer porque tenemos enfrente una Justicia patriarcal y machista... Bueno, presuntamente patriarcal y machista. Y no decimos más. Ni decimos menos.
Ojalá que todas las presuntas víctimas de Errejón y de todos los abusadores, violadores presuntos y no presuntos del mundo consigan Justicia. Los acosadores, violadores y abusadores tienen que estar en la cárcel. Es hora de que la Justicia empiece a ser justa para nosotras, las mujeres.
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lunes, 23 de febrero de 2026

Personas que no pueden pagar sus medicinas en la España de Pedro Sánchez

La pobreza se hace cada día más patente en esta España mal gobernada por el señor Pedro Sánchez. A las personas que no pueden permitirse una dieta sana hay que sumar las personas que no pueden pagar sus medicinas. Muchas veces coincide el que no come bien con el que no puede medicarse.
En los últimos años, España ha visto crecer el número de personas que no pueden permitirse los medicamentos que les receta su médico debido a su situación económica. Según indicadores del Sistema Nacional de Salud, en 2024 el 4,3% de la población dejó de adquirir medicinas por falta de recursos, lo que equivale a más de dos millones de personas en todo el país. Esta cifra refleja un problema estructural que afecta especialmente a quienes viven en situaciones de vulnerabilidad económica. 
El impacto no es homogéneo: algunas regiones muestran tasas especialmente preocupantes. En Córdoba, por ejemplo, alrededor de 127.000 personas han tenido que renunciar a comprar medicamentos debido a la pobreza, según el informe Foessa. La exclusión social en esta provincia está marcada por la inestabilidad laboral, el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de la salud en los hogares con menos recursos, lo que agrava aún más la imposibilidad de asumir gastos farmacéuticos.
Este fenómeno no solo se explica por la falta de ingresos, sino también por el aumento del coste de vida y la precariedad laboral, que dejan a muchas familias sin margen para cubrir necesidades básicas. Cuando el presupuesto mensual es limitado, los medicamentos —incluso los recetados— pasan a competir con gastos esenciales como alimentación, alquiler o suministros. Para muchos, la elección se convierte en un dilema diario entre salud y supervivencia económica. Entre pagar el alquiler y pagar medicinas, se opta por el pago de la vivienda.
A esta situación se suma otro problema creciente: el desabastecimiento de medicamentos, que afecta especialmente a tratamientos esenciales. Aunque este fenómeno no siempre está directamente relacionado con la pobreza, sí agrava la vulnerabilidad de quienes ya tienen dificultades económicas, pues obliga a buscar alternativas más caras o a desplazarse a varias farmacias para encontrar el fármaco necesario. 
Las organizaciones sociales y sanitarias llevan tiempo alertando de que el acceso a medicamentos debe considerarse un pilar fundamental de la equidad en salud. Aunque España cuenta con un sistema público sólido, los datos muestran que aún existen brechas importantes. Las ONG y programas humanitarios intentan cubrir parte de estas carencias, pero no pueden sustituir la necesidad de políticas públicas que garanticen que nadie quede sin tratamiento por motivos económicos.
En paralelo, el gasto público en medicamentos se ha mantenido prácticamente estancado durante las últimas dos décadas, representando solo el 3,4% del gasto público total en 2023. Esta falta de crecimiento en la inversión pública contrasta con el aumento de la demanda y la complejidad del acceso, lo que contribuye a que las personas con menos recursos sean las más afectadas. 
Por eso, esta humilde economista pide que se tomen medidas para que ninguna persona quede sin comprar la medicación que le pautan los médicos/as. Las medicinas son un bien de primera necesidad que debería ser accesible para todos y todas aquellas que las precisan tanto para mejorar su salud como para seguir viviendo con cierta calidad de vida.
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MARÍA REY
ECONOMISTA
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