Muchas son las personas preocupadas por si cobrarán o no cobrarán una pensión de jubilación cuando lleguen a la edad jubilar. Motivos tienen para preocuparse porque la cosa no va bien en el tema de pensiones.
El sistema público de pensiones en España continúa su tendencia al alza en términos de gasto. Según previsiones oficiales, la factura anual destinada a pensiones contributivas ascenderá en 2026 a 195.000 millones de euros, lo que supone un incremento de 5.000 millones respecto al ejercicio actual.
Este aumento responde a varios factores estructurales: el envejecimiento progresivo de la población, la entrada en jubilación de generaciones más numerosas y con carreras laborales más largas, así como la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), tal como establece la reforma del sistema aprobada en 2021.
Un crecimiento sostenido
Desde hace más de una década, el gasto en pensiones ha experimentado un crecimiento constante. En 2025, la cifra se sitúa en torno a los 190.000 millones de euros, representando más del 12% del Producto Interior Bruto (PIB). Con la proyección para 2026, el sistema se enfrenta a una presión financiera cada vez más intensa, que obliga a reforzar los mecanismos de financiación y control presupuestario.
Implicaciones para la política económica
El incremento previsto plantea retos significativos para la política fiscal del Gobierno. La necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema sin comprometer otras partidas clave del Estado del bienestar —como sanidad, educación o dependencia— será uno de los ejes del debate económico en los próximos años.
Además, el cumplimiento de los compromisos con Bruselas en materia de déficit y deuda pública añade una capa de complejidad. La Comisión Europea ha instado en varias ocasiones a España a adoptar medidas estructurales que aseguren la viabilidad del sistema a largo plazo.
Un debate social inevitable
Más allá de las cifras, el debate sobre las pensiones tiene una dimensión profundamente social. La garantía de ingresos dignos para los jubilados es uno de los pilares del contrato intergeneracional. Sin embargo, hay economistas que piensan que la sostenibilidad del modelo exige reformas que equilibren derechos adquiridos con nuevas fórmulas de financiación, como el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional o el impulso de planes complementarios.
Otros economistas pensamos que quizá sea el momento para plantear una reforma radical que nos acerque a la igualdad en materia de pensiones. Planteemos pensiones iguales para personas iguales por el artículo 14 de la Constitución española. Es hora de dar pasos firmes en igualdad y acabar con pensiones de más de 3000 euros al mes.
La evolución del gasto en pensiones será, sin duda, uno de los temas centrales en la agenda política y económica de cara a 2026. La búsqueda de soluciones equilibradas entre justicia social y responsabilidad fiscal marcará el rumbo de las decisiones futuras.
Permitidme volver a insistir en la diferencia de pensiones percibidas en esta España nuestra por jubiladas y jubilados.
En España, las pensiones más altas representan una pequeña parte del total, pero marcan una diferencia significativa en términos de ingresos mensuales.
📊 Porcentaje de pensiones más altas
- Aproximadamente 25,9% de los pensionistas reciben más de 2.000 euros al mes.
- Solo 1,84% de las pensiones superan los 3.267,61 euros mensuales, que es el límite máximo legal establecido para 2025.
💰 Cuantía de la pensión más alta
- La pensión máxima en España en 2025 es de 3.175,04 euros al mes, repartida en 14 pagas (es decir, dos pagas extra en junio y diciembre).
- Esta pensión solo la alcanzan quienes han cotizado más de 38 años y han tenido un salario mensual superior a 3.700 euros durante los últimos 25 años de vida laboral.
Estas cifras reflejan un sistema contributivo donde la pensión está directamente vinculada a la duración y calidad de la carrera laboral. Trabajos dignos pensiones dignas. Trabajos cutres pensiones cutres.
Por eso defiendo un mercado laboral con trabajos dignos, es decir, trabajos bien pagados para que trabajadoras y trabajadores tengamos el derecho a pensiones dignas asegurado. La meta sería que jubilados y jubiladas cobraran una pensión de igual cuantía.
MARÍA REY
ECONOMISTA
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