Todo lo que hay que saber sobre la baliza V16 inventada por el Gobierno de Pedro Sánchez

Mucho están dando que hablar estos días las balizas que el gobierno del señor Sánchez ha hecho obligatorias para colocar en los automóviles averiados. Todo cambia, pero no sabemos si el cambio de triángulos por balizas será para mejor. El tiempo dará y quitará razones si antes no las quita la Unión Europea.

La baliza V16 es el dispositivo luminoso que sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia en España desde el 1 de enero de 2026. Su función es mejorar la seguridad vial al permitir que un vehículo averiado o detenido en carretera sea visible sin que el conductor tenga que bajarse del coche, reduciendo así el riesgo de atropellos. Este dispositivo debe colocarse en el techo del vehículo y, en su versión conectada, envía automáticamente la ubicación del incidente a la plataforma DGT 3.0 para alertar al resto de usuarios de la vía. 

Sin embargo, la implantación de la baliza V16 ha generado un notable debate jurídico a nivel europeo. La Comisión Europea ha confirmado que España no notificó a Bruselas la normativa que hacía obligatoria la baliza V16 conectada, a pesar de que la legislación comunitaria exige que cualquier Estado miembro comunique previamente cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción. Este incumplimiento podría acarrear consecuencias jurídicas relevantes e incluso cuestionar la validez de la obligatoriedad impuesta, ya que la falta de notificación puede afectar al mercado interior y a la libre competencia. 

La Unión Europea ha señalado que corresponde a cada Estado miembro evaluar si sus medidas deben ser notificadas, pero en este caso considera que la normativa española sí entraba dentro de esa obligación. Por ello, no se descarta la apertura de un procedimiento formal de infracción contra España, lo que podría derivar en modificaciones o revisiones de la regulación vigente. Este escenario mantiene en vilo a fabricantes, distribuidores y conductores, que buscan claridad sobre la continuidad del dispositivo. 

Nada nuevo bajo el sol. El Gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno de la improvisación. Funcionan Sánchez y sus ministros y ministras a golpe de apresuramiento. Lo que hacen lo hacen con prisas. Por tanta prisa hacen muchas cosas mal.

A pesar de la controversia, la baliza V16 continúa siendo obligatoria en España mientras no exista una resolución contraria. Las autoridades de tráfico han indicado que, aunque la norma está en vigor, su aplicación inicial será flexible debido al periodo de adaptación y a la confusión generada. No obstante, ya se han registrado las primeras sanciones por no llevar el dispositivo en el vehículo. 

En conclusión, la baliza V16 representa un avance en seguridad vial, pero su marco legal está bajo revisión por parte de la Unión Europea. Es recomendable mantenerse informado sobre posibles cambios normativos, especialmente para quienes aún no han adquirido el dispositivo o están valorando su compra. 

Esto es lo que os recomiendo: informaros sobre los cambios que puede haber para adaptar la normativa de las balizas a la legislación europea. Seguro que habrá modificaciones. Parece que el gobierno de don Pedro no ha hecho bien las cosas.

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Otra denuncia contra Íñigo Errejón

Parece que Errejón tenía motivos para preocuparse cuando dimitió de la cosa política. Él sabía lo que presuntamente había hecho entre borracheras y drogas. No fue solo Elisa la agredida presuntamente por el ex político sino que hay más mujeres que dicen que sufrieron abusos sexuales. Íñigo se nos empieza a mostrar como un individuo muy distinto al joven profesor que pasaba de la Universidad a la política.

La segunda denuncia contra Íñigo Errejón fue presentada por una mujer que afirma haber sufrido una agresión sexual en octubre de 2021, en el domicilio del entonces diputado. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido tras un encuentro previo y habrían incluido actos sexuales sin consentimiento. La mujer, que posee cierta notoriedad pública, ha solicitado medidas de protección y confidencialidad absoluta para evitar la exposición mediática. 

La acusación sostiene que Errejón habría presionado a la denunciante en un contexto de confianza previa, iniciada a través de redes sociales. La mujer relata que el político insistió en trasladar la conversación a Telegram por la supuesta autodestrucción de mensajes, y que el encuentro posterior derivó en actos sexuales no consentidos. Este relato coincide en parte con patrones descritos en la primera denuncia, lo que ha generado un fuerte impacto mediático. No se está hablando de otra tema en las redes sociales.

Por su parte, Íñigo Errejón ha rechazado públicamente la veracidad de esta segunda denuncia, calificándola como una maniobra mediática y una estrategia vinculada a la primera denunciante, la actriz Elisa Mouliaá. Su defensa sostiene que los hechos descritos son "inciertos" y que la acusación responde a un intento de reforzar la credibilidad de la primera denuncia, actualmente también en proceso judicial. 

El abogado que representa a la segunda denunciante es Alfredo Arrién Paredes, el mismo letrado que lleva la acusación de Elisa Mouliaá. El abogado Arrién ha solicitado al juez máxima confidencialidad para proteger la identidad de su clienta, insistiendo en que se trata de una persona con reconocimiento público cuya carrera podría verse afectada por la exposición mediática. También ha pedido prudencia, recordando que la denuncia debe ser ratificada y que el procedimiento aún no se ha incoado formalmente. 

Alfredo Arrién ha tenido una presencia destacada en medios, donde ha explicado aspectos generales del caso sin revelar detalles sensibles. Su papel ha sido clave en la visibilización de ambas denuncias, aunque esto también ha generado críticas por parte de la defensa de Errejón, que lo acusa de utilizar los medios para influir en la opinión pública. Aun así, el abogado mantiene que su prioridad es garantizar la protección y el derecho a la justicia de sus representadas. Esperemos que así sea.

Debemos aplaudir a las mujeres que denuncian a sus acosadores y más que acosadores. Son mujeres muy valientes. Denunciar no es fácil cuando eres mujer porque tenemos enfrente una Justicia patriarcal y machista... Bueno, presuntamente patriarcal y machista. Y no decimos más. Ni decimos menos.

Ojalá que todas las presuntas víctimas de Errejón y de todos los abusadores, violadores presuntos y no presuntos del mundo consigan Justicia. Los acosadores, violadores y abusadores tienen que estar en la cárcel. Es hora de que la Justicia empiece a ser justa para nosotras, las mujeres.

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Personas que no pueden pagar sus medicinas en la España de Pedro Sánchez

La pobreza se hace cada día más patente en esta España mal gobernada por el señor Pedro Sánchez. A las personas que no pueden permitirse una dieta sana hay que sumar las personas que no pueden pagar sus medicinas. Muchas veces coincide el que no come bien con el que no puede medicarse.

En los últimos años, España ha visto crecer el número de personas que no pueden permitirse los medicamentos que les receta su médico debido a su situación económica. Según indicadores del Sistema Nacional de Salud, en 2024 el 4,3% de la población dejó de adquirir medicinas por falta de recursos, lo que equivale a más de dos millones de personas en todo el país. Esta cifra refleja un problema estructural que afecta especialmente a quienes viven en situaciones de vulnerabilidad económica. 

El impacto no es homogéneo: algunas regiones muestran tasas especialmente preocupantes. En Córdoba, por ejemplo, alrededor de 127.000 personas han tenido que renunciar a comprar medicamentos debido a la pobreza, según el informe Foessa. La exclusión social en esta provincia está marcada por la inestabilidad laboral, el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de la salud en los hogares con menos recursos, lo que agrava aún más la imposibilidad de asumir gastos farmacéuticos.

Este fenómeno no solo se explica por la falta de ingresos, sino también por el aumento del coste de vida y la precariedad laboral, que dejan a muchas familias sin margen para cubrir necesidades básicas. Cuando el presupuesto mensual es limitado, los medicamentos —incluso los recetados— pasan a competir con gastos esenciales como alimentación, alquiler o suministros. Para muchos, la elección se convierte en un dilema diario entre salud y supervivencia económica. Entre pagar el alquiler y pagar medicinas, se opta por el pago de la vivienda.

A esta situación se suma otro problema creciente: el desabastecimiento de medicamentos, que afecta especialmente a tratamientos esenciales. Aunque este fenómeno no siempre está directamente relacionado con la pobreza, sí agrava la vulnerabilidad de quienes ya tienen dificultades económicas, pues obliga a buscar alternativas más caras o a desplazarse a varias farmacias para encontrar el fármaco necesario. 

Las organizaciones sociales y sanitarias llevan tiempo alertando de que el acceso a medicamentos debe considerarse un pilar fundamental de la equidad en salud. Aunque España cuenta con un sistema público sólido, los datos muestran que aún existen brechas importantes. Las ONG y programas humanitarios intentan cubrir parte de estas carencias, pero no pueden sustituir la necesidad de políticas públicas que garanticen que nadie quede sin tratamiento por motivos económicos.

En paralelo, el gasto público en medicamentos se ha mantenido prácticamente estancado durante las últimas dos décadas, representando solo el 3,4% del gasto público total en 2023. Esta falta de crecimiento en la inversión pública contrasta con el aumento de la demanda y la complejidad del acceso, lo que contribuye a que las personas con menos recursos sean las más afectadas. 

Por eso, esta humilde economista pide que se tomen medidas para que ninguna persona quede sin comprar la medicación que le pautan los médicos/as. Las medicinas son un bien de primera necesidad que debería ser accesible para todos y todas aquellas que las precisan tanto para mejorar su salud como para seguir viviendo con cierta calidad de vida.

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MARÍA REY

ECONOMISTA

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La progresividad en frío que nos aplica el Gobierno del señor Sánchez para hacernos más pobres

Esta España nuestra está viviendo una etapa complicada en lo económico, y eso se nota en el bolsillo de la gente. La sensación general es que, poco a poco, los ciudadanos y ciudadanas hemos ido perdiendo capacidad de compra. En estos años, la inflación ha dejado de ser un sobresalto temporal para convertirse en un problema persistente. No solo ha sido más alta que en etapas anteriores, sino que su impacto acumulado ha sido mucho mayor. Mientras en el periodo de Mariano Rajoy el incremento total rondó el 7,2%, ahora hablamos de un 24,2%, una diferencia que pesa directamente sobre el día a día de cualquier familia. 

La combinación de una inflación persistente y una gestión que no ha corregido sus efectos ha generado un escenario en el que la población se empobrece mientras el Estado ingresa más. Es decir, el gobierno del señor Sánchez está aplicándonos una progresividad en frío que le permite tener más dinero para derrochar mentras la ciudadanía tiene menos dinero para comer.

¿Y qué el la progresividad en frío que nos está aplicando el gobierno del señor Pedro Sánchez? La llamada progresividad en frío describe un fenómeno fiscal que se produce cuando los tramos del impuesto sobre la renta no se actualizan confome suben los precios. En un contexto de inflación elevada, los salarios nominales tienden a incrementarse para compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero si los límites de los tramos impositivos permanecen congelados, esos aumentos salariales empujan a los contribuyentes hacia tipos más altos sin que realmente hayan mejorado su situación económica real.

Este efecto perverso se agrava cuando, además, los mínimos personales y familiares —las cantidades exentas que reconocen las necesidades básicas de cada contribuyente— llevan muchos años sin actualizarse. Si estos mínimos permanecen anclados en valores antiguos, dejan de reflejar el coste real de la vida y reducen artificialmente la parte de renta considerada esencial para vivir, aumentando así la base sobre la que se aplica el impuesto.

El resultado práctico es que los trabajadores terminan pagando más impuestos simplemente porque la inflación ha inflado sus salarios nominales, no porque hayan ganado más en términos reales. Es una forma silenciosa de aumentar la recaudación sin modificar formalmente los tipos impositivos ni anunciar una subida fiscal explícita, lo que dificulta que la ciudadanía perciba el cambio como una decisión política deliberada.

Considero que esta práctica equivale a una subida de impuestos encubierta. Al no deflactar los tramos ni actualizar los mínimos, el Estado incrementa su recaudación sin pasar por un debate parlamentario abierto, trasladando la carga fiscal adicional a las familias en un momento en que su capacidad adquisitiva ya está tensionada por la inflación. Es hora, pues, de que la ciudadanía vaya exigiéndole a Pedro Sánchez que frene esta progresividad en frío que nos empobrece.

En definitiva, la progresividad en frío actúa como un mecanismo automático que erosiona el poder adquisitivo de los contribuyentes y aumenta la presión fiscal sin transparencia. Podemos decir que supone una forma de apropiación indirecta del esfuerzo de los hogares, que ven cómo su factura fiscal crece sin que su bienestar económico mejore en la misma medida. Pagamos más impuestos por los mismos o peores servicios.

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MARÍA REY

ECONOMISTA

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Así se han hecho millonarios Ana Boyer y Fernando Verdasco

Parece que nadie esperaba que la hija de Isabel Preysler y el difunto Miguel Boyer fuera tan millonaria como dicen que es. Ella y su marido están en boca de todos porque ha salido a la luz pública una información sobre los muchos millones de euros que tienen.

La historia de Ana Boyer y Fernando Verdasco siempre ha despertado curiosidad, no solo por su imagen de pareja sólida y mediática, sino también por el notable patrimonio que han construido juntos. Su fortuna no es fruto del azar: detrás hay trabajo, estrategia, herencias bien gestionadas y una visión muy clara de cómo multiplicar oportunidades. A la chita callando, la hija pequeña de Isabel Preysler ha sabido ir formando una familia próspera. Debe ser que dinero llama a dinero y debe ser también que los genes de su padre la han favorecido con buena mano para los negocios.

Un patrimonio inmobiliario de ricos

Buena parte de la riqueza del matrimonio procede de su inversión en propiedades. Ana Boyer, hija de Isabel Preysler y del exministro Miguel Boyer, heredó un importante patrimonio familiar que incluye inmuebles de alto valor en España y en el extranjero. A esto se suma la capacidad de la pareja para seguir ampliando su cartera: viviendas en zonas exclusivas, propiedades destinadas al alquiler de lujo y residencias que han revalorizado con el tiempo.

Fernando Verdasco, por su parte, ha sabido transformar sus ingresos como deportista de élite en activos duraderos. Durante su carrera como tenista profesional —con premios millonarios en torneos internacionales— invirtió en propiedades, negocios y proyectos inmobiliarios que hoy forman parte de su colchón económico. Nada mejor que el ladrillo para multiplicar los euros. 

No son especulaciones. Más bien son certezas. Según ha informado la asociación ATP, el patrimonio de Fernando Verdasco es envidiable. En el año 2021 aseguraron que había ganado un total de 15.6 millones de euros durante su trayectoria como tenista. A esta cifra hay que sumarle todo el dinero que ha ganado en el terreno empresarial. 

Formación y trayectoria profesional

No cabe duda que esta joven esposa sabe bastante de economía. Ana Boyer estudió Derecho y Administración de Empresas, una combinación que le ha permitido gestionar con criterio tanto su propio patrimonio como el familiar. Aunque mantiene un perfil discreto, su formación le ha dado herramientas para tomar decisiones financieras inteligentes.

Verdasco, aunque centrado en el tenis desde muy joven, ha complementado su carrera deportiva con formación en gestión deportiva y empresarial. Su nombre, su trayectoria y su red de contactos le han abierto puertas en el mundo de los negocios, desde inversiones hasta colaboraciones con marcas internacionales.

¿A qué se dedican hoy Ana y Fernando?

Tras retirarse del circuito profesional, Fernando sigue vinculado al deporte a través de academias, eventos y proyectos de entrenamiento. También participa en inversiones privadas y colaboraciones comerciales.

Ana, más alejada del foco mediático, se dedica a la gestión patrimonial y a proyectos familiares. Su papel es clave en la administración de bienes, inversiones y decisiones estratégicas.

Una familia que se multiplica

La pareja tiene tres hijos (Miguel, Mateo y Martín), a los que se sumará la soñada niña dentro de unas semanas. Tanto niño ha reforzado aún más su imagen de familia estable y unida. Su vida entre Madrid, Doha y otras ciudades refleja un estilo cosmopolita, cómodo y muy bien organizado. Ana ha aprendido de su madre a organizarse bien. Echando mano de la ayuda familiar que puede pagar, sigue a su marido por el mundo mundial, incluso estos meses en los que está embarazada de su cuarto bebé.

Cuando el amor y la estabilidad económica se encuentran la felicidad existe

Hay quien dice que el dinero no da la felicidad, pero en el caso de Ana y Fernando, lo que sí ha hecho es facilitar un entorno donde el amor fluye con serenidad. Viajes, estabilidad, proyectos compartidos y la tranquilidad de un futuro asegurado han convertido a esta pareja en un ejemplo de equilibrio entre vida personal y éxito financiero.

Su historia demuestra que la combinación de trabajo, inteligencia financiera y una relación sólida puede construir un imperio… y hacerlo con estilo heredado de mamá Preysler. Felicidades.

Desafortunadamente, en nuestro país hay muchas parejas que tienen que afrontar problemas económicos importantes. Es fácil gobernar donde hay dinero. Donde escasea el vil metal, toca hacer encaje de bolillos. Parece que el Universo solo es propicio para los niños y niñas bien de alta cuna.

Que no se nos olvide que Ana y Fernando viven en Qatar. He ahí dos que no tributan en España. Hacienda somos todos y todas, menos las que pueden escapar del IRPF.

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La alta velocidad no es segura: nuevo accidente en Adamuz, Córdoba

No ha empezado el año 2026 bien en esta España nuestra. Cuando todavía estamos en el mes de enero, nos sorprende un accidente de trenes en Andalucía. Parece que la alta velocidad no es segura. La realidad se impone a la teoría. Por mucho que digan los expertos que los trenes que vuelan por las vías son el futuro, no podemos considerarlos tal. Un tren tiene que ser un tren y un avión tiene que ser un avión.

El accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo 18 de enero en Adamuz, en la provincia de Córdoba, es uno de los más graves en la historia reciente de España. Un tren de la operadora Iryo descarriló alrededor de las 19:40, invadiendo la vía contraria en el mismo momento en que circulaba un Alvia de Renfe, lo que provocó una colisión de enorme violencia. Las autoridades han confirmado al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos, incluidos varios en estado crítico. La magnitud del impacto dejó algunos vagones convertidos en un amasijo de hierros. Noche, dolor y muerte se juntaron ayer para recordarnos que nada somos cuando un azar caprichoso pone sobre la mesa la carta que nadie quiere.

La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida cuando ya han pasado 24 horas del accidente, mientras avanzan las investigaciones y las labores de rescate. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha señalado que esclarecer las causas podría llevar más de un año, dado que el siniestro ocurrió en un tramo recto, con vía renovada y un tren que había pasado revisión pocos días antes. 

Este nuevo accidente en la alta velocidad española nos recuerda el trágico accidente de Santiago de Compostela. El conocido como accidente de Angrois, ocurrió el 24 de julio de 2013 cuando un tren Alvia que cubría la ruta Madrid–Ferrol descarriló en una curva a las afueras de Santiago debido a un exceso de velocidad. El convoy circulaba a unos 190 km/h en un tramo limitado a 80 km/h, lo que provocó que varios vagones se salieran de la vía y chocaran contra un muro. La tragedia dejó 80 fallecidos y más de 140 heridos, convirtiéndose en uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia reciente de España. 

Este siniestro marcó un antes y un después en materia de seguridad ferroviaria. Las investigaciones señalaron tanto la responsabilidad del maquinista como deficiencias en los sistemas de control y señalización del tramo, lo que llevó a reforzar protocolos y revisar la supervisión técnica en líneas de alta velocidad y servicios mixtos como el Alvia. 

Parece que hay que hacer nuevas revisiones para tomar nuevas medidas de cara a una mayor seguridad en los viajes en tren. Una medida fundamental sería bajar las velocidades de los trenes. Es hora de plantearse un estilo de vida más lento y más seguro. El sistema de trenes que parecen aviones está dejando mucho dolor en las familias que pierden a sus seres queridos y en las familias que tienen que seguir adelante con lesionados de por vida.

Ahora toca investigar. Las españolas y españoles queremos trenes seguros. Los trenes que vuelan hasta caer por un barranco no nos valen. Yo apuesto por una vida sin prisas, con calmas, con momentos para nosotras, como momentos para los que queremos. Vivamos para vivir y dejemos de vivir muriendo.

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Se incrementan las ventas de las marcas blancas en alimentación

Mirando la facturación por producto, vemos que en los supermercados se incrementan las ventas de alimentos de marca blanca. Los presupuestos familiares de las economías domésticas dan para lo que dan y la gente echa mano a los productos alimenticios más baratos de los lineales.

Así las ventas de alimentos de marca blanca han seguido una tendencia claramente ascendente en los últimos meses, impulsadas por la búsqueda de ahorro de los consumidores y por la fortaleza de cadenas como Mercadona, Lidl o Aldi. Estas grandes empresas siguen ganando. Tanto les da vender unos macarrones de marca Gallo como unos macarrones marca de distribución. Ellos venden.

Los datos más recientes muestran que la marca blanca continúa ganando terreno mes a mes. En febrero de 2025, la cuota de mercado alcanzó el 46,7%, un incremento del 1% interanual, según NielsenIQ. Este crecimiento se vio impulsado por un aumento del 4,4% en valor y del 2,1% en volumen, reflejando que los consumidores siguen optando por estas opciones incluso con menor presencia en los lineales. 

Esta tendencia ya se veía en el año 2024. A cierre de 2024, la marca blanca representaba ya el 53,4% del mercado de gran consumo, siete décimas más que el año anterior. Este avance se produjo a pesar de una reducción del 4,6% en su presencia en los lineales, lo que indica que los consumidores continúan eligiéndola como estrategia de ahorro ante la pérdida de poder adquisitivo. 

En los últimos meses, cadenas como Mercadona, Lidl y Aldi han llevado la marca blanca a cuotas récord. En septiembre, la cuota en alimentación alcanzó el 54%, un crecimiento interanual de un punto porcentual. Además, las enseñas de distribución duplicaron el crecimiento de las marcas de fabricante tanto en volumen como en valor, consolidando la preferencia por los productos de marca blanca de compradoras y compradores

Los alimentos de marca blanca más comprados en 2025 son los siguientes:

1. Lácteos (leche, yogures, quesos)
2. Aceites vegetales, especialmente aceite de oliva
3. Pasta y arroz
4. Conservas (atún, tomate, legumbres cocidas)
5. Productos frescos envasados (carnes y embutidos básicos)
6. Pan de molde y bollería básica
7. Galletas y cereales de desayuno
8. Snacks salados
9. Congelados (verduras, pizzas, pescados)
10. Salsas y caldos
11. Legumbres secas
12. Zumos y bebidas básicas
13. Huevos
14. Azúcar, harina y repostería básica
15. Platos preparados económicos

Los productos alimenticios de marca blanca se han consolidado como una opción fiable y de buena calidad para muchos consumidores, gracias a que combinan precios competitivos con estándares de producción cada vez más exigentes. En la mayoría de los casos, estos artículos se elaboran en las mismas fábricas que las marcas reconocidas, lo que garantiza seguridad, sabor y consistencia. Además, las cadenas de distribución han invertido en mejorar sus formulaciones y ampliar la variedad disponible, ofreciendo alternativas nutritivas y accesibles para las clases trabajadoras.

Por eso es tan necesario que las cadenas de alimentación nos ofrezcan una mayor variedad de marcas blancas. Cada artículo alimenticio debería tener su marca blanca con el fin de hacerlo comprable por las personas más humildes. Reclamemos, pues, una mayor presencia de las marcas de distribución en lo lineales de los supermercados, hipermercados y pequeñas tiendas de alimentación. Son muchas las mujeres y hombres amas y amos de casa que nos han hecho llegar la queja de que los sitios ocupados por algunas marcas blancas en los locales de venta de productos alimenticios están vacíos. 

Los supermercados no deberían pensar en incrementar sus ventas a cualquier precio. Deberían pensar en hacer accesible la alimentación a la clase trabajadora. Y el Gobierno también debería pensarlo y poner medidas para que las marcas blancas estén más presentes en los puntos de venta.

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La agencia EFE pide dinero

No le va bien el negocio a la agencia EFE. Por eso ha montado un sistema este verano para buscar fotos que les han robado, según ellos. Su nuevo sistema informático busca imágenes supuestamente sacadas de sus archivos mediante un copia y pega. Cuando encuentra las fotografías presuntamente robadas, los de EFE se ponen en contacto con el dueño de la página y le piden dinero. Paga o te llevo al juzgado. Puro estilo mafioso.

Parece que en este mundo todo tiene dueño. Me pregunto si las personas que han sido fotografiadas han recibido un pago por parte de los fotógrafos de la agencia EFE. Creo que no. La agencia EFE saca fotos a políticos, no políticos, famosos, no famosos sin pagar ni un solo euro por ponerles la cara para el disparo de la máquina del fotógrafo.

Afortunadamente para ellos, las personas fotografiadas no andan pidiendo dinero por salir en una foto que acaba en un periódico o en una televisión. Si esos anónimos y no anónimos fotografiados le pidieran pasta a EFE, la deuda de la agencia de noticias más famosa del Reino de España se incrementaría.

Pobres perdedores. EFE es una empresa pública del Gobierno de España en crisis. Por eso anda dando coces. Yo le digo a EFE que no necesitamos sus fotos, ni sus vídeos, ni sus cositas. Métanse las fotos en el culo.

María Rey

Economista