La pobreza se hace cada día más patente en esta España mal gobernada por el señor Pedro Sánchez. A las personas que no pueden permitirse una dieta sana hay que sumar las personas que no pueden pagar sus medicinas. Muchas veces coincide el que no come bien con el que no puede medicarse.
En los últimos años, España ha visto crecer el número de personas que no pueden permitirse los medicamentos que les receta su médico debido a su situación económica. Según indicadores del Sistema Nacional de Salud, en 2024 el 4,3% de la población dejó de adquirir medicinas por falta de recursos, lo que equivale a más de dos millones de personas en todo el país. Esta cifra refleja un problema estructural que afecta especialmente a quienes viven en situaciones de vulnerabilidad económica.
El impacto no es homogéneo: algunas regiones muestran tasas especialmente preocupantes. En Córdoba, por ejemplo, alrededor de 127.000 personas han tenido que renunciar a comprar medicamentos debido a la pobreza, según el informe Foessa. La exclusión social en esta provincia está marcada por la inestabilidad laboral, el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de la salud en los hogares con menos recursos, lo que agrava aún más la imposibilidad de asumir gastos farmacéuticos.
Este fenómeno no solo se explica por la falta de ingresos, sino también por el aumento del coste de vida y la precariedad laboral, que dejan a muchas familias sin margen para cubrir necesidades básicas. Cuando el presupuesto mensual es limitado, los medicamentos —incluso los recetados— pasan a competir con gastos esenciales como alimentación, alquiler o suministros. Para muchos, la elección se convierte en un dilema diario entre salud y supervivencia económica. Entre pagar el alquiler y pagar medicinas, se opta por el pago de la vivienda.
A esta situación se suma otro problema creciente: el desabastecimiento de medicamentos, que afecta especialmente a tratamientos esenciales. Aunque este fenómeno no siempre está directamente relacionado con la pobreza, sí agrava la vulnerabilidad de quienes ya tienen dificultades económicas, pues obliga a buscar alternativas más caras o a desplazarse a varias farmacias para encontrar el fármaco necesario.
Las organizaciones sociales y sanitarias llevan tiempo alertando de que el acceso a medicamentos debe considerarse un pilar fundamental de la equidad en salud. Aunque España cuenta con un sistema público sólido, los datos muestran que aún existen brechas importantes. Las ONG y programas humanitarios intentan cubrir parte de estas carencias, pero no pueden sustituir la necesidad de políticas públicas que garanticen que nadie quede sin tratamiento por motivos económicos.
En paralelo, el gasto público en medicamentos se ha mantenido prácticamente estancado durante las últimas dos décadas, representando solo el 3,4% del gasto público total en 2023. Esta falta de crecimiento en la inversión pública contrasta con el aumento de la demanda y la complejidad del acceso, lo que contribuye a que las personas con menos recursos sean las más afectadas.
Por eso, esta humilde economista pide que se tomen medidas para que ninguna persona quede sin comprar la medicación que le pautan los médicos/as. Las medicinas son un bien de primera necesidad que debería ser accesible para todos y todas aquellas que las precisan tanto para mejorar su salud como para seguir viviendo con cierta calidad de vida.
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MARÍA REY
ECONOMISTA
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