El coste de la Administración Pública en España es excesivo. Cuesta la Administración Pública a cada ciudadano 9.816 euros al año. Una cifra que hay que dividir entre las distintas Administraciones Públicas porque no todas las Administraciones nos salen a los ciudadanos y ciudadanas españolas igual de caras. Pero todas las Administraciones se caracterizan por unos abultados gastos de personal.
Es la Administración Local (los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares) la que más ha aumentado sus costes de personal en el último decenio. Entre 2008 y 2018, han incrementado su gasto salarial un 21,9%. Les siguen de cerca en el aumento de gastos de personal las administraciones autonómicas, con un incremento del 20,2%, lo que tiene un gran impacto en el coste total de las Administraciones Públicas porque el sector público autonómico es el que tiene más plantilla. Recordemos que las CCAA tienen las competencias de Sanidad y de Educación, servicios públicos intensivos en mano de obra. El aumento en gasto de personal es más discreto en la Administración General del Estado. Ha tenido un repunte del 10,7% entre 2008 y 2018, mientras que en la Administración de la Seguridad Social ha sido únicamente del 4,3%.
Vamos a centrar nuestro análisis en las plantillas de las Corporaciones Locales, plantillas en las que se recogen todos los puestos de trabajo de funcionarios, personal laboral y personal eventual. Estas plantillas se aprueban anualmente, cuando se aprueba el Presupuesto de la Corporación Local.
Los trabajadores de las Corporaciones Locales se clasifican en:
-Personal eventual
-Personal funcionarios.
A su vez el Personal laboral puede ser:
-Personal laboral fijo
-Personal laboral sujeto a un contrato de duración determinada.
El Personal funcionario se divide en:
-Personal funcionario de empleo: eventual e interino
-Personal funcionario de carrera: con habilitación nacional y propio de la Corporación Local.
Por donde se va el dinero en gastos de personal de las Administraciones Locales (y lo mismo ocurre en el resto de Administraciones Públicas) es en el personal eventual, es decir, en los asesores que prestan sus servicios a las autoridades. Estos asesores cesan cuando expira el mandato de la autoridad a la que asesoran.
Todavía hay más personal público, tanto en Corporaciones Municipales como en el resto de las Administraciones Públicas. Nos quedan por citar los directivos de empresas y entes públicos, que a su vez suman también un considerable número de empleados públicos. En su conjunto, todos esos sueldos y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social se tragan el 10,5% del PIB español. Este año 2020 el porcentaje será mayor. Lo podemos afirmar teniendo en cuenta lo que pasó en el año 2010, tras la crisis de 2008. En 2010 era algo más dicho porcentaje, el 11,6% del PIB, pero no porque el gasto fuera mayor que ahora, sino porque la crisis había adelgazado la renta nacional. La crisis económica ocasionada por el covid-19 también está adelgazando la renta nacional.
Una reducción en el número de municipios vendría a paliar este problema. Tendríamos, prohibiendo los municipios menores de 100.000 habitantes, sólo 347 municipios. Con el mismo número de funcionarios y de personal laboral, se podría prestar un mejor servicio a la ciudadanía. La reducción sería, pues, de cargos políticos con sus correspondientes asesores.
Simplemente eliminando el bien pagado personal eventual que asesora a los cargos políticos municipales se podría frenar la escalada del gasto de personal en el sector público que se ha venido produciendo tras décadas en las que administraciones autonómicas y locales han engordado sus plantillas y el salario agregado de sus efectivos.
María Rey
Economista
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