Hablar de las listas de espera del Sergas no debería reducirse a contar meses o años. Para muchas personas mayores, saber que tendrán que esperar un año y medio, dos años o incluso dos años y medio para una consulta, una prueba o una intervención no es solo una cifra, significa convivir durante todo ese tiempo con dolor, incertidumbre, limitaciones y la preocupación de que su problema de salud haya quedado en segundo plano.
Y aquí aparece una cuestión especialmente preocupante: una espera que sobre el papel parece igual para todos puede no tener las mismas consecuencias para una persona mayor. Dos años pueden pesar mucho más cuando durante ese tiempo una enfermedad avanza, aumenta la dependencia, se pierde movilidad o empeora la calidad de vida.
El posible edadismo, además, no siempre es evidente. No hace falta que nadie diga abiertamente: «Por su edad tendrá que esperar más». Puede aparecer de una forma mucho más discreta, a través de decisiones, prioridades, criterios de acceso o expectativas más bajas sobre lo que una persona mayor necesita, puede soportar o puede recuperar.
Cuando se da por hecho que alguien de 75, 80 o más años «ya es mayor», existe el riesgo de asumir también que determinadas intervenciones no necesitan la misma prioridad o que ciertas limitaciones son simplemente «cosas de la edad». Y ahí está el problema: los años cumplidos pueden acabar influyendo, aunque sea indirectamente, en algo tan importante como el derecho a recibir una atención sanitaria adecuada y a tiempo.
No se trata de pedir privilegios para las personas mayores. Se trata, precisamente, de pedir igualdad. La edad, por sí sola, no debería convertirse en una razón para recibir una atención de segunda categoría. Cada paciente debería ser valorado por su situación clínica, su dolor, su grado de dependencia, su calidad de vida y las consecuencias que puede tener una espera prolongada.
Porque el tiempo no pasa igual para todos. Una espera de dos años puede ser especialmente grave para una persona que, durante ese periodo, pierde autonomía o ve cómo su enfermedad se deteriora. Y una intervención que podría haber mejorado su vida puede dejar de ser tan útil cuando llega demasiado tarde.
Por eso es fundamental que el Sergas explique con claridad cómo se establecen las prioridades y cómo se gestionan las listas de espera, especialmente cuando afectan a personas de edad avanzada. Si existen criterios médicos, deben ser públicos, comprensibles y aplicarse de manera individualizada. Y si la edad influye de algún modo en las decisiones, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo.
Lo que no debería ocurrir es que una persona mayor pase meses o años esperando sin entender por qué otros casos avanzan mientras el suyo permanece parado. Mucho menos que esa situación se normalice con un simple «es que ya es mayor».
Las personas mayores no somos cifras, expedientes ni pacientes que puedan esperar indefinidamente porque, supuestamente, tenemos menos futuro por delante. Tenemos los mismos derechos, la misma dignidad y el mismo derecho a ser escuchados.
Denunciar un posible caso de edadismo no significa señalar ni atacar a los profesionales sanitarios, que en muchas ocasiones trabajan en condiciones difíciles. Significa reclamar algo mucho más sencillo: un sistema sanitario justo, transparente y humano.
La edad nunca debería convertirse en una excusa silenciosa para esperar más, recibir menos o resignarse. Si una sociedad realmente respeta a sus mayores, también debe demostrarlo cuando necesitan algo tan básico como recibir atención sanitaria a tiempo.
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