Es obvio que cuando no te dan dinero tienes que buscarlo. Es lo que está pasando en Italia desde que la señora Meloni ha empezado a quitar paguitas a la ciudadanía en situación de desempleo. O trabajas o trabajas. No hay alternativa. El Gobierno de Italia, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, se ha atrevido a transformar profundamente su política de bienestar social al suprimir la conocida "Renta de Ciudadanía" (Reddito di Cittadinanza) y sustituirla por un modelo de asistencia mucho más restrictivo. Esta medida, consolidada tras una transición regulatoria, buscaba acabar con lo que el Ejecutivo italiano consideraba un sistema de subsidios pasivos que desincentivaba la búsqueda activa de empleo. Bajo las nuevas directrices, el Estado italiano ha dividido las ayudas diferenciando de manera estricta entre aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen la capacidad física e intelectual de trabajar y aquellos que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad estructural.
La reforma establece dos nuevas herramientas de apoyo económico que restringen notablemente el número de beneficiarios potenciales. Por un lado, se introdujo el "Subsidio de Inclusión" (Assegno di inclusione), una ayuda reservada única y exclusivamente para hogares que cuenten entre sus miembros con menores de edad, personas con discapacidad comprobada, mayores de 60 años o individuos en condiciones de exclusión social atendidos por los servicios públicos. Por el otro, para los adultos considerados plenamente aptos para incorporarse al mercado laboral, el Gobierno implementó el "Soporte para la Formación y el Trabajo" (Supporto per la formazione e il lavoro), un mecanismo condicionado de unos 350 euros mensuales supeditado obligatoriamente a la participación en cursos formativos y proyectos de inserción profesional.
Esta drástica reducción de las transferencias directas de dinero público ha tenido un impacto notable en las estadísticas de empleo del país transalpino, logrando que la tasa de desempleo nacional caiga a mínimos históricos cercanos al 6,2% y 6,3%. El fenómeno es especialmente visible en las regiones del sur de Italia (el Mezzogiorno), una zona históricamente rezagada y con una elevada dependencia del asistencialismo estatal, donde la tasa de ocupación ha experimentado un incremento sustancial de varios puntos porcentuales en los últimos años. Datos oficiales aportados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social italiano (INPS) revelan que aproximadamente una cuarta parte de los hogares que anteriormente dependían del subsidio mensual lograron registrar al menos a un miembro incorporado de forma activa al mercado de trabajo.
Sin embargo, el drástico giro en las políticas asistenciales también ha encendido un intenso debate sociopolítico sobre las contrapartidas del modelo. Mientras que los sectores económicos y los defensores de las reformas de Meloni aplauden el estímulo a la contratación y la reducción del gasto público improductivo, diversas agrupaciones sociales y organismos de análisis advierten de los riesgos de precarización. Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat) señalan que la supresión de la renta mínima afectó negativamente los ingresos disponibles de unas 850.000 familias vulnerables, lo que ha provocado diversas movilizaciones ciudadanas, especialmente en zonas urbanas densas del sur como Nápoles y la región de Campania.
Que no nos extrañe que este modelo italiano sea implantado en España si el señor Feijóo llega a la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre. El modelo implementado en Roma se ha convertido en un punto de referencia y discusión recurrente para otros países de la Unión Europea que afrontan encrucijadas similares en sus sistemas de protección social. La experiencia italiana plantea un dilema contemporáneo clave en la macroeconomía europea: la efectividad de utilizar la retirada de subsidios como un incentivo forzoso para dinamizar la oferta de mano de obra y aliviar el déficit presupuestario público, frente a la responsabilidad gubernamental de garantizar una red de seguridad económica que impida que los ciudadanos sin recursos caigan bajo el umbral de la pobreza extrema. Hay personas que ni quitándoles las paguitas se pondrían a trabajar o que el sistema simplemente no las acepta.
Personalmente pienso que ni tanto ni tan poco. Está bien que las personas que reciben una prestación por desempleo sean obligadas a realizar cursos de formación que las vuelvan a encauzar hacia el mercado laboral. Pero de ahí a quitar ayudas drásticamente hay un trecho. Debemos pensar en los niños y niñas que podrían verse abocados a la miseria absoluta. ¿Qué hacemos con familias con niños monoparentales y monomarentales? ¿Qué hacemos cuando uno de los progenitores tiene un problema de alcoholemia y no está dispuesto a trabajar?... Habría que ver el problema con todos sus matices. No es o blanco o negro. Pensemos globalmente. Pensemos, por ejemplo, en construir una red de guarderías para ayudarnos a madres y a padres a compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Pensemos en construir más residencias para la tercera edad para que hijas e hijos podamos dedicarnos felizmente a nuestro trabajo sin pensar tanto en los mayores que tenemos en nuestras casas.
MARÍA REY
ECONOMISTA
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