En España se gasta mucho dinero en pagar nóminas públicas. No es para menos teniendo en plantilla a 3,2 millones de empleados públicos y cargos políticos. El 26% del gasto total va para pagar nóminas. Sería un 28% de los ingresos, es decir, 134.000 millones de euros en el año 2019 y se prevé un gasto en nóminas públicas superior a los 140.000 millones de euros en el año 2020.
Son porcentajes de gasto superiores a los de los 37 países de la OCDE. Ninguno de estos países supera en nóminas el 22% de su gasto presupuestario. España es, pues, el cuarto país de la Unión Europea en gasto en nóminas públicas. Y es el octavo país del mundo en este gasto improductivo.
Para que haya un Plan de Reconstrucción Nacional eficiente habría que pensar en un ahorro y redistribución de recursos en las Comunidades Autónomas. El ahorro empezaría por reducir de manera considerable el gasto estructural e improductivo de la mayoría de las nóminas públicas. Podríamos empezar a mirar cómo eliminar los 20.000 entes de las Administraciones Públicas, unos organismos satélites que sólo sirven para dar trabajo a los políticos y a sus amigos.
Antes de entrar a analizar el gasto abultado de las CCAA en personal, quiero recordar las advertencias de Bruselas en este sentido. Hay que reducir costes en el sector público y, sólo se pueden reducir, metiendo la tijera sin piedad a la plantilla de altos cargos, asesores florero y funcionarios prescindibles.
Durante los meses de confinamiento, nos hemos dado cuenta de la necesidad de reformar el sector público, un sector que representa el 17% del PIB. Un sector que gasta el 42% de la producción anual cada año. Un sector que ingresa el 39% en datos anteriores al coronavirus. Pero ¿dónde estaba el sector público durante el duro confinamiento que sufrió la población española?...
Desde luego, el sector público no estaba sufriendo la crisis económica durante el confinamiento. El sector privado tuvo que hacer frente a más de 450.000 ERTES. En el sector público no hubo ni un solo ERTE. Nos dijeron que lo funcionarios de ventanilla y todos los funcionarios y trabajadores públicos que no pertenecían a la Sanidad y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban en sus casas teletrabajando. ¿Teletrabajaron?... ¿Quién controló esos teletrabajos?...
Las Administraciones Públicas reabrieron sus puertas a partir del 25 de mayo paulatinamente. Los ciudadanos sólo podían solicitar online una prestación de paro, una pensión de viudedaz, una pensión de jubilación,... Las complicadas declaraciones del IRPF se hacían online y sin ayuda presencial. Esto en un país donde sólo el 60% de la población tiene Internet en casa. La brecha digital no preocupó a nuestros políticos.
En cambio, el sector privado tuvo que abrir antes. El temor a una quiebra de negocios y de la Economía en general hizo levantar persinas en muchas pymes. El riesgo económico daba más miedo que el riesgo sanitario, una vez que la curva del coronavirus se fue achatando y cayendo en bajada. Regresaba el sector privado a la actividad con un millón de trabajadores menos, con 600.000 parados más, con 3,4 millones de asalariados en un ERTE (el 20% de la población ocupada).
Contemplemos en este contexto de crisis económica el abultado gasto en personal, sobre todo de las Comunidades Autónomas. En 20 años se ha duplicado el gasto público en personal. En 25 años se ha incrementado en un 167%, lo que supone casi 85.000 millones de euros. En las CCAA se ha incrementado el gasto en personal un 27% desde la crisis del año 2007.
Lamentablemente, la clase política de este país no piensa en una reducción de sus sueldos y salarios y mucho menos piensa en un recorte en el personal funcionario y laboral al servicio de las distintas Administraciones Públicas. Piensan nuestros políticos en aumentar los impuestos. Un aumento de impuestos y un gasto público improductivo galopante tendrá como consecuencia más paro en el sector privado. Vamos, pues, caminando a marchas agigantadas hacia una recesión mayor a la del año 2012.
María Rey
Economista
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