España entra en recesión técnica

No va bien la economía española. Nada nuevo bajo el sol en estos tiempos de brotes y rebrotes del coronavirus. El  Instituto Nacional de Estadística (INE) ha corregido el dato del PIB del segundo trimestre. Nos dice que el PIB se redujo un 17,8% entre abril y junio, la mayor caída trimestral de la serie histórica iniciada en el año 1970. La bajada interanual del PIB en el segundo trimestre fue del 21,5%. Se trata de la mayor contracción anual registrada de este indicador.

 Miremos la evolución de los componentes del PIB en términos interanuales:

 -Consumo final de las economías domésticas: -14,1

 -Formación bruta de capital: -5,3

 -Gasto público (consumo final de las AAPP): 6 décimas.

-Exportaciones de bienes y servicios: -13,4

-Importaciones de bienes y servicios: 10,7 %

A estos datos preocupantes hay que añadir que el gasto de los extranjeros cayó un 99,2% entre abril y junio. El turismo, el sector de la gallina de los huevos de oro, está en crisis total. 

Podemos decir, pues, que España entró en recesión en el segundo trimestre. La vigencia del estado de alarma para atajar la pandemia pasó factura a la economía del país. España entra en recesión técnica tras sumar dos trimestres consecutivos del PIB negativo.

Otro dato a tener en cuenta son las horas trabajadas. El INE resalta en su informe que las horas trabajadas se redujeron en este periodo un 21,7% respecto al primer trimestre del año. En términos interanuales las horas trabajadas decrecen un 24,9% y los puestos equivalentes a tiempo completo bajan un 18,4%,lo que supuso un descenso de 3.383 mil puestos de trabajo.

La inversión no quedó fuera de las caídas en picado. Sufrió en el segundo trimestre un retroceso histórico al caer un 25,8% en términos interanuales, cifra superior a la registrada en la anterior crisis económica y financiera. Un país donde cae la inversión está lejos de salir de la crisis. A día de hoy las expectativas no pueden ser más negativas. Hasta los economistas optimistas sentimos flaquear nuestro optimismo innato mirando las cifras que proporciona el INE.

María Rey

Economista

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No está de moda tener hijos en Galicia

 

No está de moda tener hijos. Vemos como la población va a menos en Galicia y no va a mucho más en España. Nos dice el INE que dentro de 15 años tendremos menos población en la comunidad autónoma gallega. El año 2.035 andaremos con los 2.500.000 habitantes en Galicia. En la actualidad somos 2.700.000 las personas que residimos en esta esquina noroeste de España. En 15 años Galicia perderá 178.000 habitantes.

Los alarmistas ponen el grito en el cielo. Piensan medidas para aumentar la población, idean ayudas para que mujeres y hombres se lancen a la tarea de reproducirse. Pero las ayudas no llegan a las familias reproductoras. Quedan en un quiero y no puedo. Una cosa es predicar y otra cosa muy distinta es tener dinero para repartir.

Tal vez deberíamos dejar de pensar en el creced y multiplicaros del Antiguo Testamento y empezar a pensar en sociedades donde la tendencia hacia la reducción de la población actual será una realidad. No tiene porque ser dramática a nivel económico. Si no hay mano de obra suficiente, habrá capital, es decir, un proceso de automatización. De hecho ya lo está habiendo. Miremos a nuestro alrededor: cada día se ven más máquinas, más robots haciendo tareas que antes hacían los trabajadores y trabajadoras humanos.

 En un mundo donde la robotización es importante, y lo será más en el futuro, un descenso de la población no es preocupante. Lo preocupante es que no se sepa gestionar la nueva situación. ¿Por qué no se empieza a cobrar Seguridad Social a los robots que nos sustituyen en el mercado laboral?...

 María Rey

 Economista

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Los trabajadores de la economía sumergida

Trabajadoras del hogar, cuidadores, manteros, temporeros, albañiles, manitas a domicilio o empleados de hostelería son algunos de los perfiles que encontramos en la economía sumergida, donde predominan mujeres jóvenes e inmigrantes sin papeles. Pero la economía sumergida sale de estos perfiles y toca a todo el mundo. Por ejemplo, un contrato a tiempo parcial en el que el trabajador trabaja más horas que las estipuladas es economía sumergida.

Mal van las cosas por la economía sumergida. Se estima que el covid-19 ha dejado sin ingresos al 73% de los trabajadores de la economía sumergida. Las personas que buscaban al chapuzas del barrio para pintar la habitación de los niños, dejan el cuarto sin pintar. Los que le daban un trabajo por horas que nunca conocía la Seguridad Social a la joven que limpiaba casas, han dejado de darle ese trabajo. Están sobrados de tiempo para limpiar ellos la casa por el ERTE del padre de familia. Los que pagaban a un señor para cortar el césped del jardín de la segunda residencia, han dejado crecer la hierba porque prefieren ahorrar ese dinero. Después de todo, la selva también es bonita.

Hay muchos casos de pobreza extrema en este país nuestro. Hay personas que viven con menos de 370 euros al mes. Son los buscavidas, los que no le importan a los medios de comunicación e importan menos a los políticos, son los que han quedado sin el salario mínimo vital porque están tan fuera del sistema que han caído en el olvido interesado por parte de las autoridades económicas y políticas.

Se estima que en España la economía sumergida se aproxima al 25%. Estamos hablando de una economía sumergida de 80.000 millones de euros, de entre dos y tres millones de empleos. Por eso economistas como Santiago Niño Becerra insisten en atrapar el dinero negro como medida para salir de la crisis económica. Ojalá que hablarán también de medidas para sacar a los excluidos sociales de su exclusión social y económica.

María Rey

Economista

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Lo que nos cuestan en PIB los empleados públicos

La evolución del gasto en personal de las Administraciones Públicas en general y, especialmente, de las Comunidades Autónomas, recuerda a su evolución en los años de la crisis económica del año 2008. Entonces no fue hasta el 2010 cuando empezaron apretarse el cinturón los gobiernos autonómicos.

En estos últimos años vemos a todos los gobiernos regionales con la mano muy abierta en lo que a gasto de personal se refiere, sobre todo en Cataluña y en Andalucía. Ya en el año 2018 se alcanzaba la cifra récord de 77.395 millones de euros, según las cuentas certificadas por la Intervención General del Estado. Esta cifra quedó superada el pasado año 2019 gracias al incremento del 2,5% del sueldo de los empleados públicos. Un incremento que ha hecho ganar poder adquisitivo a los funcionarios. La inflación interanual andaba entre el 1% y el 1,3%.

Si miramos al sector privado, vemos un incremento en gasto de personal del 2,7% frente al 4,4% del incremento de gasto de personal en el sector público en el año 2018. Esto es preocupante en un contexto de caída del PIB, debilitamiento del consumo y el ahorro en mínimos históricos.

Los españoles de a pie, que no tenemos la gran suerte de ser empleados públicos, tenemos que trabajar mucho para pagar los gastos de personal público. El gasto de personal de las autonomías se lleva el 6% de la riqueza del país. Mayores son los bocados que se lleva de los PIB regionales:

-Extremadura: el 12% del PIB regional.

-Castilla-La Mancha: 8,7%

-Andalucía: 8,55%

-Murcia: 8,29%

-Cantabria y Asturias: 8,06%

También es superior a la media nacional lo que se lleva el gasto de personal en Galicia, Castilla y León, Canarias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana, según los datos recogidos y certificados por la Intervención General del Estado.

Es cierto que las Comunidades Autónomas tienen, en su mayoría, transferida la Sanidad y la Educación. Pagan, pues, a los profesores y a los sanitarios en general. Estos son gastos difíciles de reducir. Pero, si miramos, la cantidad de fundaciones, empresas públicas y entes bastante prescindibles que han creado todos los gobiernos autonómicos, encontramos enseguida donde meter la tijera de los recortes.

En Sanidad y en Educación también habría que pensar en una mejora de la gestión. Hay que primar la eficiencia sin olvidarnos de la equidad.

María Rey

Economista

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El creciente gasto en personal de las CCAA

Las Comunidades Autónomas tienen la mano muy abierta a la hora de gastar en personal. Es la conclusión a la que se llega mirando los datos que nos proporciona la Contabilidad Nacional. Así vemos como las CCAA que tienen transferida la Sanidad y la Educación elevan sus gastos de personal en el año 2019 hasta el 61% del gasto total del Sector Público, es decir, hasta los 81.773 millones de euros. El pasado año 2019 las autonomías utilizaban el 43% de sus presupuestos a pagar a su personal. Esto viene siendo el 44% de sus ingresos por impuestos y transferencias del Estado. El presente año 2020 el gasto de personal de las autonomías seguía su tendencia creciente. Hasta febrero llevaban gastados 12.285 millones de euros, casi 600 millones más que en el mes de febrero del 2018. Este incremento se explica por la subida salarial de los empleados públicos por encima del 2% por el incremento del número de trabajadores públicos.

Si tenemos en cuenta que los ingresos y los gastos todavía no estaban afectados por el coronavirus, la situación es más preocupante. Los ingresos previrus crecían el 1,6%. Los gastos crecían el 3,3%.

No pensemos que las Comunidades Autónomas son más o menos ahorradoras en función del partido que ostenta su gobierno. Todos los políticos autonómicos son derrochones, sean del color que sean. Fíjemos en los datos del año 2019:

-Castilla La Mancha: necesitó para pagar nóminas un 51,2% (3.843 millones, unos 173 millones más que el año anterior) de su presupuesto de gasto total (7.504 millones) a pagar nóminas. En términos de ingresos, esta cifra representa el 55% y es el 111% superior a la recaudación impositiva (1.820 millones) que registró en ese año (tanto de impuestos propios como por su participación estatal).

-Andalucía: gastó 14.379 millones en pagar a sus funcionarios frente 13.803 millones del año anterior (unos 600 millones más). Lo que significa que esta comunidad se gastó en pagar nóminas públicas el 50,6% de su presupuesto (28.413 millones), que representa el 62,1% de sus ingresos totales (27.967 millones). El incremento del gasto de personal porcentual fue del 4,2%, superior al alza de los gastos totales de esta Administración autonómica (3,2%) y de los ingresos (3,5%). Esta comunidad se gasta en pagar a sus empleados públicos casi el doble de sus ingresos impositivos (7.804 millones). Y, en lo que va de 2020, las cifras han empeorado notablemente. Hasta febrero su gasto de personal ha crecido un 7,6% (2020 millones frente a los 1.878 de hace un año).

-Extremadura: empleó el 50,5% de su presupuesto a abonar sueldos públicos. Esos 2.388 millones empleados en 2019 representan el 53,4% de sus ingresos y es casi el triple de la recaudación impositiva obtenida (884 millones).

-Murcia: dedicó a sueldos (2.782 millones) el 49,1% de su presupuesto de gastos y el 54,5% de sus ingresos totales.

-Aragón se gasto en nóminas el 48,8% de su presupuesto total así como el 52,5% de sus ingresos.

-País Vasco: gastó en personal el 48,6% de su presupuesto y el 47,2% de sus ingresos.

-Castilla y León: utilizó el 47,3% de su gasto y el 49,5 de sus recursos totales.

-Asturias:  gastó en nóminas el 47,1% de su presupuesto y el 49,2% de sus ingresos.

-Baleares: el 35,6% de su presupuesto.

-Navarra: el 34,2%  de su presupuesto.

Incluso en las Comunidades Autónomas donde el gasto en nóminas es menor (Baleares y Navarra), vemos como su masa salarial supera el tercio del gasto total. Otra apreciación a tener en cuenta es la dependencia que tienen las Comunidades Autónomas de las subvenciones estatales. Por ejemplo, en Murcia, si comparamos la cifra destinada a sueldos con sus ingresos tributarios, vemos que empleó el doble de la recaudación obtenida.

Unas Comunidades Autónomas que disparan con pólvora del Rey tienen que ser derrochonas. Esto cambiaría si tuvieran que ceñir sus gastos a sus ingresos tributarios. Habría que pensar, pues, en darle a las Comunidades Autónomas un impuesto para que se financieran. Por ejemplo, el IVA. Así sentirían presión ciudadana a la hora de gestionarse. Así sabríamos los ciudadanos lo que nos cobran las Comunidades Autónomas vía tributos, igual que sabemos lo que nos cobran los ayuntamientos vía tributos propios.

María Rey

Economista

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Lo que nos cuestan los políticos y los funcionarios

En España se gasta mucho dinero en pagar nóminas públicas.  No es para menos teniendo en plantilla a 3,2 millones de empleados públicos y cargos políticos. El 26% del gasto total va para pagar nóminas. Sería un 28% de los ingresos, es decir, 134.000 millones de euros en el año 2019 y se prevé un gasto en nóminas públicas superior a los 140.000 millones de euros en el año 2020.

Son porcentajes de gasto superiores a los de los 37 países de la OCDE. Ninguno de estos países supera en nóminas el 22% de su gasto presupuestario. España es, pues, el cuarto país de la Unión Europea en gasto en nóminas públicas. Y es el octavo país del mundo en este gasto improductivo.

Para que haya un Plan de Reconstrucción Nacional eficiente habría que pensar en un ahorro y redistribución de recursos en las Comunidades Autónomas. El ahorro empezaría por reducir de manera considerable el gasto estructural e improductivo de la mayoría de las nóminas públicas. Podríamos empezar a mirar cómo eliminar los 20.000 entes de las Administraciones Públicas, unos organismos satélites que sólo sirven para dar trabajo a los políticos y a sus amigos.

 

 Antes de entrar a analizar el gasto abultado de las CCAA en personal, quiero recordar las advertencias de Bruselas en este sentido. Hay que reducir costes en el sector público y, sólo se pueden reducir, metiendo la tijera sin piedad a la plantilla de altos cargos, asesores florero y funcionarios prescindibles.

 Durante los meses de confinamiento, nos hemos dado cuenta de la necesidad de reformar el sector público, un sector que representa el 17% del PIB. Un sector que gasta el 42% de la producción anual cada año. Un sector que ingresa el 39% en datos anteriores al coronavirus. Pero ¿dónde estaba el sector público durante el duro confinamiento que sufrió la población española?...

 Desde luego, el sector público no estaba sufriendo la crisis económica durante el confinamiento. El sector privado tuvo que hacer frente a más de 450.000 ERTES. En el sector público no hubo ni un solo ERTE. Nos dijeron que lo funcionarios de ventanilla y todos los funcionarios y trabajadores públicos que no pertenecían a la Sanidad y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban en sus casas teletrabajando.  ¿Teletrabajaron?... ¿Quién controló esos teletrabajos?...

 Las Administraciones Públicas reabrieron sus puertas a partir del 25 de mayo paulatinamente. Los ciudadanos sólo podían solicitar online una prestación de paro, una pensión de viudedaz, una pensión de jubilación,... Las complicadas declaraciones del IRPF se hacían online y sin ayuda presencial. Esto en un país donde sólo el 60% de la población tiene Internet en casa. La brecha digital no preocupó a nuestros políticos.

 En cambio, el sector privado tuvo que abrir antes. El temor a una quiebra de negocios y de la Economía en general hizo levantar persinas en muchas pymes. El riesgo económico daba más miedo que el riesgo sanitario, una vez que la curva del coronavirus se fue achatando y cayendo en bajada. Regresaba el sector privado a la actividad con un millón de trabajadores menos, con 600.000 parados más, con 3,4 millones de asalariados en un ERTE (el 20% de la población ocupada).

 Contemplemos en este contexto de crisis económica el abultado gasto en personal, sobre todo de las Comunidades Autónomas. En 20 años se ha duplicado el gasto público en personal. En 25 años se ha incrementado en un 167%, lo que supone casi 85.000 millones de euros. En las CCAA se ha incrementado el gasto en personal un 27% desde la crisis del año 2007.

 Lamentablemente, la clase política de este país no piensa en una reducción de sus sueldos y salarios y mucho menos piensa en un recorte en el personal funcionario y laboral al servicio de las distintas Administraciones Públicas. Piensan nuestros políticos en aumentar los impuestos. Un aumento de impuestos y un gasto público improductivo galopante tendrá como consecuencia más paro en el sector privado. Vamos, pues, caminando a marchas agigantadas hacia una recesión mayor a la del año 2012.

 María Rey

 Economista

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Recuperación económica en España en forma de U

 

Habla el Banco Central Europeo de una recuperación económica incierta en España y no le falta razón. Si miramos las cifras del paro y de las cotizaciones a la Seguridad Social, se nos va el sueño y se nos marchan los sueños.

Vemos como en el mes de agosto de 2020 el aumento de desempleados respecto al mes de agosto de 2019 es de 737.000 personas. Hemos pasado de 3,06 millones de desempleados y desempleadas a 3,8 millones. El incremento del paro interanual ha sido, pues, del 24%.

Este incremento del paro tiene también su reflejo en las cotizaciones a la Seguridad Social. El número de cotizantes ha caído en un 2,7%.  Son 527.900 cotizantes menos.

En estos meses de vuelta a la normalidad extraña sólo se ha podido recuperar el 20,6% del empleo perdido durante el confinamiento. Se han recuperado casi 195.000 empleos. Se perdieron en apenas cincuenta días un millón de empleos. Las personas que se encontraban en un ERTE ascendían a 3,38 millones de personas.

Mirando estas cifras no podemos decir que esté habiendo una recuperación en forma de V. Más bien se está formando una U preocupante. Y estamos en el tramo de abajo de la U: se espera un incremento del desempleo en septiembre y una reducción del número de cotizantes a la Seguridad Social. A esto sumemos el riesgo de impagos de préstamos. ¿Cómo van a pagar sus préstamos las personas físicas y jurídicas a las que les han caído a plomo sus ingresos?... Aumentará el riesgo para la estabilidad financiera.

El Banco Central Europeo es pesimista. Yo casi lo soy también. Este país nuestro no va por buen camino. La buena noticia es para la clase política de este país: los políticos y los empleados públicos no están afectados ni por el desempleo ni por los ERTES. Tomemos nota. Que tomen nota los jóvenes que buscan una salida laboral. Hay que ser funcionario o ser político para vivir bien.

María Rey

Economista

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Fusión de Bankia y Caixa Bank: lo que quería la Unión Europea

De tanto ir el cántaro a la fuente llegó el día en que se rompió. También está llegando el día, o ya ha llegado, en el que se fusionen Bankia y Caixa Bank. La fusión que no fue posible el año 2012, será posible el año 2020, tras la crisis del coronavirus.

Es precisamente esta crisis del coronavirus la que propicia la fusión. Se fusionan ambas entidades financieras para no debilitarse. No pintan buenos tiempos para la Banca con un mercado de baja rentabilidad y tipos de interés negativos. La fusión implica una reducción de costes vía cierre de oficinas y prejubilaciones de empleados que ya querría el resto de la clase trabajadora.

Otro problema a tener en cuenta por la Banca es el incremento de la morosidad. Es lo que pasará tras el covid-19, sobre todo cuando los trabajadores afectados por los ERTES vayan convirtiéndose en parados de las oficinas de empleo.

La fusión de la tercera y la cuarta entidades financieras de esta España nuestra es una operación muy deseada por la Unión Europea. Cuanta menos competencia mejor para los dirigentes de Europa. No pueden decir lo mismo los ciudadanos de a pie. El oligopolio que siempre fue la Banca se está convirtiendo a pasos agigantados en un monopolio frente al cual los clientes son precio aceptantes y esclavos.

También es la fusión de la antigua Caja Madrid y la vieja La Caixa una operación deseada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Esperan recuperar algo de los 24.000 millones del rescate a Bankia. Un nuevo banco que tendrá 650.000 millones de euros en activos, seguro que devuelve algún euro al Gobierno generoso con los capitalistas de la Banca.

Será el Gobierno de Unidas Podemos el que se queje y lamente no poder hacer realidad el sueño de Pablo Iglesias de crear una banca pública en este país nuestro. Pero no se quejará mucho porque se fusiona una entidad financiera de Madrid y una entidad financiera de la díscola Cataluña. Es como una boda entre la hija de un vecino rico y el hijo de otro vecino millonario cuyos padres no se llevaban bien. Después dela boda habrá paz en el pueblo. Tal vez también después de la fusión de Bankia y Caixa Bank haya tranquilidad en España. Tal vez el sueño del independentismo se encauce hacia el sueño de la dominación económica del resto de España desde Cataluña.

María Rey

Economista

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Las tres Comunidades Autónomas más derrochonas

Todos suponemos que las Comunidades Autónomas en España son derrochonas. Esto es así porque los gobiernos autonómicos gastan lo que recauda el Estado. No tienen las Comunidades Autónomas impuestos propios que las pongan ante los ojos de los ciudadanos como responsables de una subida de tributos.

También es cierto que hasta ahora pocos datos tenemos del sobrecoste que están suponiendo para los bolsillos de los ciudadanos. Tanto el Gobierno Central como los respectivos gobiernos de las autonomías se niegan a dar cifras. Sólo podemos hacer cálculos aproximados, afectados por la falta de homogeidad en gastos. Me refiero a que hay gastos en determinadas Comunidades Autónomas que no existen en otras. Por ejemplo, las embajadas autonómicas.

Mirando cifras del año 2008, el sobrecoste anual estimado de las Comunidades Autónomas es de 26 millones de euros. Es decir, el 2,6% del PIB. Para darnos cuenta de la magnitud del gasto, pensemos que el gasto de la Seguridad Social en toda España es del 3% del PIB.

Los sobrecostes se aprecian muy bien por capítulos de los presupuestos de las Comunidades Autónomas. En concreto en el Capítulo I y en el Capítulo II. El capítulo I recoge los gastos de personal. En gastos de personal se aprecia un sobrecoste de 12,8 mil millones de euros (un poco más del 1,2% del PIB). Las Comunidades Autónomas más eficientes en gastos de personal serían Murcia, País Vasco y Cataluña.

El capítulo II de los presupuestos de las Comunidades Autónomas recoge el gasto corriente. En gasto corriente tenemos un sobrecoste superior a los 13 mil millones de euros (un 1,3% del PIB). Murcia, Andalucía y Castilla y León serían las Comunidades Autónomas más eficientes en este capítulo.

En su conjunto, las Comunidades Autónomas con mayor sobrecoste en España serían Cataluña, Andalucía y Madrid.

 Pero más que los gastos deberíamos mirar la relación entre el dinero que cada autonomía gasta y el desarrollo de su PIB. Este dato nos indica que Navarra, Murcia, Extremadura y Galicia serían las más eficaces, mientras que Cataluña y la Comunidad Valencia serían las que más malgastan.

Se podrían reducir mucho el coste del Estado Autonómico sin necesidad de eliminar los distintos autogobiernos. Sólo habría que eliminar órganos duplicados. Me refiero a los defensores del pueblo y del menor, embajadas y oficinas comerciales autonómicas, institutos de estadística y meteorológicos, agencias de protección de datos, las televisiones autonómicas, hasta 50 universidades públicas.

Se mantendrían gastos indispensables de instituciones de autogobierno y parlamentos autonómicos y, por supuesto, la ley de la dependencia.

María Rey

Economista

Con Franco se vivía mejor

El poder adquisitivo, es decir, el salario real era mejor en los últimos años del régimen dictatorial que en la presente democracia instaurada a partir del año 1978. Es lo que podemos afirmar mirando las macromagnitudes de ambos períodos.

Vayamos al año 2010, una vez dejado atrás lo más duro de la crisis económica de 2008. En el 2010 el salario medio  (que se obtiene restando del salario bruto las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador y las retenciones del IRPF), fue de 1.345,44 euros al mes.

El salario medio en el año 1975, con una fiscalidad más favorable para el contribuyente, era de unas 22.000 ptas al mes.

No cabe duda que la década comprendida entre 1965 y 1975 fue la década de mayor desarrollo económico en España. El PIB real por habitante aumenta en esos diez años fantásticos 2.285 euros. La productividad media del trabajo se incrementa en 6.855 euros. El salario real por trabajador asalariado experimenta un crecimiento de 6.094 euros. Se produce, pues, un importante incremento del salario medio percibido por los trabajadores gracias a la baja presión fiscal sobre las rentas del trabajo.

Enumeremos también las circunstancias que concurrieron para hacer posible la mejor década de la economía española:

-Aumento del nivel educativo de la población.

-Fomento del desarrollo industrial.

-Remesas de divisas recibidas del exterior. Recordemos la gran cantidad de emigrantes que tenía España en países europeos como Suiza, Francia, Reino Unido, Holanda...

-Impulso del desarrollo turístico.

-Aumento del comercio exterior.

La situación económica va a empezar a empeorar a partir de 1975. En la década 1975-1985 se produce un estancamiento que lleva a la relentización del desarrollo económico tanto a nivel de salario real como en la tasa de desempleo. Es decir, por un lado tenemos una caída del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Por otro lado vemos como va aumentando el número de desempleados.

El poder adquisitivo mejora levemente entre los años 1985 y 1995. Destaca el repunte de principios de los noventa. Pero, pasado el año 1995, volvemos a ver como el poder adquisitivo emprende una caída sucesiva que llega hasta nuestros días.

Pongamos números de la economía de andar por casa para ver la caída del poder adquisitivo de los españoles. Por ejemplo, una familia que quisiera comprar una vivienda media en el Madrid de 1975 paga el precio del metro cuadrado a 28.200 ptas. Hoy en día el precio por metro construido en vivienda nueva anda sobre los 2100-2400€ aproximadamente (unas 360.000 ptas); 3000 euros por metro cuadrado hace tan solo dos años.

La capital de España siempre fue cara para vivir. Miremos la  media en España del metro cuadrado: es de 1749€ .  ¿Y cuánto costaba en los años setenta? En la década de los 70 el precio medio por metro cuadrado de una vivienda se aproximaba a las 15.000 pesetas (90 euros).

Pensemos en un piso medio. Voy a regresar al ejemplo de la capital de España porque Madrid es una ciudad conocida hasta para los que nunca la han visitado. En 1975 el precio de un piso de 150 metros cuadrado en Madrid en zona de Plaza de Castilla era de 2.500.000 ptas; en la zona del barrio de Salamanca, calle Velázquez un piso de 162 metros cuadrados costaba 2.800.000 ptas.

A día de hoy un piso de 154 metros cuadrados en la zona de Plaza de Castilla cuesta unos 380.000€ con un poco de suerte. Digo con un poco de suerte porque hay que mirar mucho para encontrar este precio. Es tirar a la baja. Pasemos el precio de euros a pesetas. Serían 63 millones de ptas. Ya no os voy a hablar de los precios en el Barrio de Salamanca. Son todavía más prohibitivos.

Sigamos analizando los precios de los productos que compraría una familia media. Por ejemplo un automóvil. Un coche de gama media costaba en 1975 unas 200.000 ptas. En la actualidad el mismo automóvil de gama media anda sobre los 15.000€ (2.500.000 ptas).

Una vez comprado el piso y comprado el coche, nuestra familia media tiene que comprar gasolina para su pequeño utilitario. Pues bien, un litro de gasolina súper le costaba en 1975 unas 24 ptas. Hoy la sin plomo anda sobre 1,34€ (225 ptas).

Nuestra familia media comprará al menos un periódico. En el año 1975 el periódico costaba 8 ptas. Se podía comprar sin pensar. Hoy cuesta el periódico 1,30€ (216 ptas). Muchos españoles prefieren guardar ese 1,30 euros para tomar un café mañanero mientras leen gratis en el bar el periódico que han dejado de comprar.

Si comprar el periódico es para muchos y muchas españolas un lujo, lo que sí es un lujo para la inmensa mayoría de la población es ir al cine. Una entrada de cine costaba en el año 1975, el año en que murió Franco,100 ptas. A día de hoy el precio medio de las entradas de cine está en 7€ (1160 ptas). Hay que decir que en la última década el precio de las entradas de cine ha caído en un 9,5%.

También era más barato emborracharse en la década de los años setenta. En 1975 una cerveza costaba 10 ptas. Hoy una caña cuesta 1,10-1,50 (180-250 ptas)

No me olvido del precio de los medios de transporte. Voy a poner el ejemplo del metro en Madrid. Un billete sencillo de metro en Madrid costaba 6 ptas en 1975. A día de hoy entre 1,5 y 2€ (250-330 ptas)

Relacionemos el sueldo medio con el coste de la vida. ¿Nos daba para más el dinero en 1975 o nos da para más hoy en día? Es obvio que el poder de compra era mayor en el año 1975 y años precedentes de la década gloriosa de la economía española. Por ejemplo, una vivienda media de 75 metros cuadaros en 1975 (15.000 ptas-90€/m2) más un coche de gama media (200.000 ptas-1.200€) eran más asequibles para el trabajador de los años setenta que para el trabajador o trabajadora actual.

Teniendo en cuenta el sueldo medio de la época, un trabajador medio con el sueldo de 60 meses compraba una vivienda y un coche.  En la actualidad le haría falta el sueldo de 109 meses (1.749€*75m2+15.000€=146.175€ divididos entre el salario medio: 1.345€/mes). A nuestros padres les costaba menos esfuerzo comprar un pisito y un coche. Sólo con este dato, dan ganas de regresar al año 1975. Habría menos democracia, pero se vivía, desde el punto de vista económico, mucho mejor.

Después de ese somero análisis de la cifras citadas, podemos constatar una reducción progresiva del poder adquisitivo (salario real) cercano al 50%, o lo que es lo mismo: hoy somos el doble de pobres que lo fueron nuestros padres y nuestros abuelos en el año 1975.

María Rey

Economista

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La España que entró en la UE en 1986

En el séptimo año consecutivo de crisis industrial llegó el Gobierno socialista al poder. Estábamos en octubre de 1981. Habiamos vivido años de incrementos en el precio del petróleo que llevaron al sector industrial a una crisis que derivó en un importante incremento del paro. Veníamos de una tasa de desempleo del 4%. Nos habíamos puesto en una tasa de desempleo del 17%. El IPC aumentaba entre un 14% y un 15% anual. Esta subida tan acusada de los precios se denominó estanflación.

Los socialistas liderados por Felipe González optaron por sanerar la economía a su manera: devaluan la peseta, apuestan por una política monetaria restrictivia con altos tipos de interés y lanzan la reconversión industrial que había iniciado tímidamente la UCD. Sus medidas de saneamiento económico pretendían conseguir credibilidad frente a los agentes económicos.

Los resultados no se hicieron esperar mucho. La inflación fue bajando hasta el 8%, se reduce el paro, aumenta el PIB. El Producto Interior Bruto se incrementó un 5% anual en 1985, año de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, es decir, la Unión Europea de hoy. Era 12 de junio de 1985. Se firmaba el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas para entrar en vigor el 1 de enero de 1986. España había conseguido entrar en el club europeo. Si miramos la Balanza de Pago de aquellas fechas la vemos más saneada. Teníamos una peseta más fuerte frente a otras divisas. También teníamos un sistema fiscal con nuevas figuras impositivas (IVA) y con un menor fraude fiscal. Los agricultores propietarios, los comerciantes, autónomos y profesionales liberales empezaron a estar bajo la lupa de Hacienda. El menor fraude fiscal reportó recursos para financiar la inversión pública hasta 1992.

El Gobierno socialista hizo realidad alguna promesa electoral como la creación de pensiones no contributivas o la sanidad universal. Dos medidas muy necesarias. En educación no estuvieron muy acertados pese a duplicar el gasto público destinado a esta partida. Otro fracaso socialista fue no crear los 800.000 puestos de trabajo prometidos. Y ya habíamos llegado a la década de los noventa.

Mirar hacia atrás es ver tiempos pasados que fueron difíciles, pero no tanto como estos meses de crisis económica del covid-19. Hemos llegado, a día de hoy, a una situación económica que nos hace decir que tiempos pasados han sido mejores a nivel económico.

María Rey

Economista

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Los trabajadores que pierden más poder adquisitivo

Los sectores económicos no se han visto afectados en la misma medida por la pérdida de poder adquisitivo. Son los trabajadores del sector servicios los más perjudicados en pérdida de capacidad de compra. Tenemos una pérdida media del 7,1% de poder adquisitivo para el conjunto de la clase trabajadora. Pero en el sector servicios los trabajadores pierden un 9% de capacidad de compra. El coste salarial medio que cerró el año 2018 es de 1965 euros.

También pierden poder adquisitivo los trabajadores de la construcción, un sector que ha visto rebajado su peso en la economía española tras la crisis del año 2008. Pero la pérdida es leve. Queda patente que los trabajadores de la construcción son los trabajadores que han experimentado mayores alzas del salario. En el último trimestre de 2008 su salario se ha visto incrementado en un 2,8%. Pero el alza en los salarios no impide que su poder adquisitivo caiga en un 2,7%.

Los únicos trabajadores que no pierden poder adquisitivo son los trabajadores de la industria. Ganan un 0,6%. Esto se explica porque la competencia en la industria no es en precios ni en devaluación salarial. A este incremento del poder de compra también contribuyen el tipo de producto y el menor precio del petróleo.

Afrontar el problema de la caída del poder adquisitivo se hace más urgente, pues, en el sector servicios. Más urgente se hace ahora cuando la situación post covid-19 nos deja un panorama de bares y locales de ocio en general funcionando con muchas limitaciones a causa de los rebrotes. El sector servicios está viviendo una crisis equivalente a la crisis que vivió el sector de la construcción en el 2008. Acabaremos viendo como determinados subsectores perderán peso en la economía española. Me refiero a la hostelería.

María Rey

Economista

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