Los niños pobres en España se multiplican

¿Hay tantos niños pobres como nos dicen? España se enfrenta a una realidad alarmante: la pobreza infantil afecta al 29,2% de los menores, la tasa más alta de toda la Unión Europea. Esta cifra supera en casi diez puntos la media comunitaria (19,3%) y triplica los niveles de países como Dinamarca (10,1%) o Finlandia (11,6%). Además, el riesgo de pobreza o exclusión social entre los menores de 18 años alcanza el 34,6%, lo que equivale a más de tres millones de niños y adolescentes en situación vulnerable.

Las cifras nos dicen que la pobreza infantil en España se multiplica constantemente. Cada día son más los niños y niñas pobres en nuestro país, y las autoridades no están tomando medidas que resulten efectivas a la hora de eliminar o, al menos, reducir la pobreza que afecta a la infancia española.

Causas estructurales de la pobreza infantil en España

Los estudios más recientes, como el elaborado por Funcas, identifican varios factores que explican esta situación:

• Diseño insuficiente de las prestaciones sociales: El sistema de impuestos y transferencias apenas reduce la pobreza infantil en 1–2 puntos porcentuales, mientras que en países como Alemania o Francia el impacto es de 4 a 8 puntos.
• Precariedad laboral de los progenitores: El bajo nivel salarial, la temporalidad y el desempleo afectan directamente a los hogares con niños. Ser "mileurista" en España equivale, en muchos casos, a vivir en pobreza.
• Nivel educativo de los padres: Existe una correlación directa entre el nivel formativo de los adultos y el riesgo de pobreza infantil. La falta de oportunidades educativas perpetúa el ciclo de exclusión.
• Acceso limitado a vivienda asequible: El encarecimiento del alquiler y la escasez de vivienda pública agravan la situación de las familias con menores.
  
  

Soluciones propuestas por economistas de referencia

Diversos expertos han planteado medidas concretas para revertir esta tendencia:

• Miguel Ángel Malo y Fernando Pinto (Funcas) recomiendan reformar el sistema de prestaciones para que tenga un impacto redistributivo más eficaz, especialmente en hogares con menores.
• María López, experta en ahorro y bienestar financiero, aboga por vincular el crecimiento económico a indicadores de calidad de vida, y no solo al rendimiento bursátil. Propone aumentar el salario mínimo y revisar el sistema de ayudas familiares.
• EAPN España sugiere implementar una renta mínima garantizada para familias con hijos, reforzar el acceso gratuito a servicios básicos (educación, salud, alimentación) y ampliar el parque de vivienda social. EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) es una plataforma que agrupa a organizaciones no gubernamentales, entidades sociales y redes autonómicas que trabajan para combatir la pobreza, la exclusión social y las desigualdades en España.
  
  
• Ángel Hernández Merino, pediatra y defensor de los derechos de la infancia, insiste en que la pobreza infantil debe abordarse como una cuestión de salud pública, con políticas integrales que incluyan nutrición, apoyo psicológico y protección frente a la exclusión.

La pobreza infantil no es solo una estadística: es una vulneración de derechos fundamentales. Cada niño que crece en condiciones de precariedad representa una oportunidad perdida para el país. La solución requiere voluntad política, reformas estructurales y una mirada centrada en la equidad. Pero, sobre todo, requiere una política de salarios con el poder adquisitivo suficiente como para formar una familia y mantenerla.

A día de hoy, se nos multiplican las familias pobres con padres y madres trabajando. Hablamos ya de pobres con trabajo. Lamentablemente, la clase política le da las espaldas a esta realidad de casas con las neveras vacías. Esto pasa en España y pasa en el resto de países. El triunfo del capitalismo se sustenta sobre una bolsa de pobreza que llenamos las trabajadoras y trabajadores mileuristas.

No nos extrañemos de la caída de la natalidad. Hay mujeres y hombres que nos negamos a traer a este mundo a niñas y niños abocados a la pobreza y al sufrimiento. Mejor no tener hijos, pensamos. Ya hay demasiados niños que no pueden comer una dieta saludable, que no pueden permitirse libros nuevos en su vuelta al cole o que tienen que ir con los zapatos gastados al colegio. Ya hay demasiadas niñas que estudian en sus casas con la calefacción apagada por la pobreza. Ya son muchos los niños y niñas que tienen como horrible meta impuesta por el cruel capitalismo crecer y reproducirse en la escasez que no los dejará hasta su último día de vida.

Por eso, es muy necesario que el gobierno central, los gobiernos autonómicos y la Unión Europea encuentren una solución a la pobreza infantil. Entendemos que esa solución a la pobreza de niñas y niños pasa por conseguir unos sueldos y salarios con poder adquisitivo. El sueldo de mamá y el sueldo de papá tienen que llegar para pagar vivienda, pagar alimentación, pagar ropa, pagar libros, pagar calefacción, pagar el resto de suministros, pagar vacaciones, pagar alguna comidita fuera de casa, pagar juguetes, ..., y poner en una cuenta bancaria un porcentaje de ahorro.

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MARÍA REY

ECONOMISTA

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Lugo impulsa su Bolsa de Alquiler con bonificaciones del 95% en el IBI y garantías frente a impagos

Ante la falta de vivienda, hay administraciones que toman medidas para favorecer la salida al mercado de alquiler de inmuebles que están vacíos. Lo tienen difícil porque hoy en día lo que se lleva es el alquiler turístico. Los caseros prefieren un turista a una familia que busca hogar. El turista suele pagar siempre. La familia inquilina tiene muchas más probabilidades de convertirse en familia inquilinaokupa.

El Ayuntamiento de Lugo ha reforzado su apuesta por la Bolsa de Alquiler Municipal con nuevas medidas destinadas a incentivar la incorporación de viviendas al mercado del alquiler asequible. Entre las principales novedades destaca una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios que cedan sus inmuebles a este programa, así como la garantía de cobro frente a posibles impagos por parte de los inquilinos.

Esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Bienestar Social, tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a sectores de la población con mayores dificultades económicas, al tiempo que ofrece seguridad jurídica y económica a los propietarios que decidan colaborar.

Incentivos para propietarios

Los propietarios que se adhieran a la Bolsa de Alquiler podrán beneficiarse de:

• Bonificación del 95% en el IBI, lo que supone un importante ahorro fiscal anual.
• Garantía frente a impagos, mediante un seguro que cubre el abono de las rentas en caso de morosidad. Que nadie piense que van a salir de las arcas municipales los importes no abonados por los inquilinos.
• Asesoramiento y apoyo técnico, tanto en la adecuación del inmueble como en la gestión del contrato de arrendamiento.
• Intermediación municipal, que asegura un proceso transparente y ajustado a la normativa vigente.

Vivienda asequible y acceso digno

Desde el consistorio lucense se subraya que esta medida busca ampliar la oferta de vivienda en régimen de alquiler social, en un contexto de creciente demanda y dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes, familias monoparentales y personas en situación de vulnerabilidad.

La concejala de Bienestar Social ha destacado que "la colaboración público-privada es clave para garantizar el derecho a una vivienda digna, y con esta bolsa de alquiler queremos ofrecer seguridad a los propietarios y oportunidades reales a quienes más lo necesitan".

Cómo participar

Los interesados en formar parte de la Bolsa de Alquiler pueden informarse y presentar su solicitud a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento de Lugo, donde recibirán orientación personalizada sobre los requisitos, beneficios y procedimientos del programa.

Con estas medidas, Lugo se suma a otras ciudades que apuestan por políticas activas de vivienda, fomentando un mercado de alquiler más justo, accesible y seguro para todos.

Ojalá que medidas como estas tengan éxito. La garantía de cobro puede ser un aliciente importante para que personas que no pensaban alquilar por temor a no cobrar las mensualidades del alquiler cambien de opinión y pongan en el mercado sus viviendas. El tiempo dirá si funciona esta bolsa de alquiler con garantía municipal. En todo caso, Lugo no es una ciudad con un problema de vivienda tan acuciante como otras urbes.

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El Gobierno socialista de Pedro Sánchez hace caja con las personas vulnerables

Ser pobre sale caro en España. Al no tener se suma el no dar del Gobierno y, lo que es peor, también se suma el quitar.

En un contexto de creciente desigualdad social, resulta preocupante observar cómo determinadas políticas públicas parecen estar diseñadas no para proteger a los más desfavorecidos, sino para obtener rédito económico a costa de ellos. La expresión "hacer caja" cobra un sentido especialmente doloroso cuando se aplica a colectivos vulnerables que, lejos de recibir apoyo institucional, se ven sometidos a cargas fiscales, recortes y medidas que agravan su situación.

Tasas, recortes y abandono de los más pobres

En los últimos años, se han multiplicado las denuncias por el aumento de tasas administrativas que afectan directamente a personas con bajos recursos: desde el copago farmacéutico hasta el encarecimiento de trámites básicos como la renovación de documentos o el acceso a servicios sociales. A esto se suma la reducción de ayudas públicas, el endurecimiento de requisitos para acceder a prestaciones y la externalización de servicios esenciales que priorizan el beneficio económico sobre la atención humana.

Vivienda y energía: derechos convertidos en negocio

El acceso a la vivienda digna y a la energía básica se ha convertido en un lujo para muchos. Las políticas de vivienda social han sido desmanteladas progresivamente, mientras se permite la especulación inmobiliaria sin apenas control. En paralelo, los precios de la electricidad y el gas continúan al alza, sin que se implementen medidas efectivas para proteger a las familias en situación de pobreza energética.

El coste de la dependencia

Otro ejemplo alarmante es el sistema de atención a la dependencia. A pesar de que miles de personas esperan años para recibir una prestación o plaza en residencia, los presupuestos destinados a este ámbito no se ajustan a la demanda real. En muchos casos, las familias deben asumir costes desorbitados para garantizar cuidados básicos, mientras el Estado se limita a una gestión burocrática que retrasa la ayuda y genera sufrimiento.

Y no solo estamos hablando de costes económicos. También nos referimos a los costes humanos, a las personas cuidadoras familiares que renuncian a sus sueños para cuidar a sus seres queridos sin compensación alguna. No hay reconocimiento social hacia la persona cuidadora. Y es injusto. 

Encima el Gobierno, se encarga de poner la guinda a la tarta de dificultades que afrontan las cuidadoras familiares. Se echa en falta la regulación de horarios flexibles, la existencia de permisos en el trabajo para llevar a tu familiar al médico, la agilización en la tramitación en plazas en residencias públicas. 

El gobierno del señor Sánchez práctica, presuntamente, en Ley de la Dependencia una eutanasia encubierta. No le dan al anciano/a dependiente la pastilla para morir, pero le dan la miseria para acabar con su familia, sobre todo.

¿Quién paga la factura?

La paradoja es evidente: mientras se anuncian beneficios fiscales para grandes empresas o se condonan deudas millonarias, se exige a los ciudadanos más vulnerables que "se aprieten el cinturón". Esta lógica no solo es injusta, sino que perpetúa la exclusión social y erosiona la confianza en las instituciones.

Es urgente replantear el modelo de gestión pública, priorizando la equidad, la protección social y el respeto a los derechos fundamentales. Un Estado que hace caja con los más débiles deja de ser garante de justicia para convertirse en cómplice del abandono.

Debemos recordarle al Gobierno del señor Sánchez su obligación moral de servir a las personas más desfavorecidas y no servirse de ellas. Es inmoral que se hagan recortes en Ley de la dependencia, becas, políticas de vivienda de protección oficial. Y también es inmoral que se quiten de la lista de medicinas financiadas por la Seguridad social ciertos analgésicos, antigripales, antihistamínicos o los suplementos nutricionales. Unas vitaminas, por ejemplo, salen muy caras.

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Lo que cuesta una vivienda en España: 18 años de salario

Mucho hay que trabajar para poder comprar una humilde vivienda en este país nuestro. En España, se necesitan entre 6 y 18 años de salario íntegro para adquirir una vivienda, dependiendo de la comunidad autónoma, mientras que en Europa la media oscila entre 9 y 25 años, con países como Dinamarca y Alemania mostrando mayor accesibilidad.

Viendo lo que hay por ahí fuera, podría decirse que no estamos tan mal, estando mal en todas partes. Europa se caracteriza, en general, por tener viviendas caras a las que es cada día más difícil acceder para la clase trabajadora.

La compra de una vivienda es uno de los mayores retos financieros para las familias en España y en gran parte de Europa. Aunque la respuesta a cuántos años de salario se requieren para adquirir una propiedad depende de múltiples factores —como el porcentaje del ingreso destinado a la vivienda y la región donde se ubique— los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y diversos estudios europeos permiten trazar una imagen más precisa del esfuerzo económico que implica este objetivo.

Según el INE, el ingreso neto medio anual por hogar en España ronda los 30.552 euros. Con este dato, y tomando como referencia el precio medio de una vivienda de dos dormitorios —187.108 euros en el cuarto trimestre de 2024— se concluye que se necesitan 6,1 años de salario íntegro para adquirirla. Sin embargo, esta cifra varía drásticamente según la ciudad. En Palma de Mallorca, por ejemplo, se requieren 11,8 años, mientras que en San Sebastián y Málaga la cifra supera los 9 años. En contraste, ciudades como Palencia o Lleida presentan cifras más accesibles, con apenas 3 años de salario necesarios para la entrada de una hipoteca.

El caso de Madrid es especialmente crítico. Un informe de UGT revela que un madrileño necesitaría entre 23 y 25 años de salario neto para comprar un piso de 60 m² sin exceder el umbral de esfuerzo recomendado por la OCDE (40% del ingreso). Esta cifra se dispara hasta 58 años si se considera el salario medio y se excluyen ayudas o condiciones preferentes.

Comparativa europea

Un estudio de BestBrokers ofrece una visión más amplia del panorama europeo. En Dinamarca, se requieren 114 salarios mensuales (aproximadamente 9,5 años) para comprar una vivienda de 100 m², lo que la convierte en uno de los países más accesibles. Alemania y Francia se sitúan en torno a los 10–12 años. En el extremo opuesto, Eslovaquia necesita 297 salarios mensuales, es decir, casi 25 años.

España, con una media nacional de 6 a 18 años según la ciudad, se encuentra en una posición intermedia, aunque con grandes desigualdades internas. Mientras algunas regiones ofrecen condiciones relativamente accesibles, otras presentan cifras que superan ampliamente la media europea.

Conclusión

La cantidad de años de salario necesarios para adquirir una vivienda en España depende del lugar de residencia, del porcentaje del ingreso destinado a la compra y de las condiciones del mercado inmobiliario. En comparación con Europa, España muestra una accesibilidad media, aunque con regiones que rivalizan con los países más caros del continente.

Reflexionemos sobre este problema. La carestía de la vivienda nos afecta a todas y a todos. Es hora, pues, de protestar para conseguir que los gobiernos frenen el incremento exponencial de los precios de las viviendas.

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Las horas que no nos pagan las empresas a las trabajadoras y trabajadores

Los ricos nos roban a los pobres. Así se hacen más ricos mientras nosotras y nosotros nos empobrecemos. Cada semana, cientos de miles de personas en España prolongan su jornada laboral más allá del horario pactado en un contrato laboral. Lo hacen sin recibir compensación alguna. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 400.000 trabajadores y trabajadoras realizan horas extraordinarias que no se pagan, una práctica que se ha convertido en rutina silenciosa en muchos sectores.

Este fenómeno no solo representa una injusticia laboral, sino también un ahorro millonario para las empresas. El INE estima que las compañías se ahorran más de 3.200 millones de euros al año gracias a estas horas no remuneradas. Es decir, se benefician de un volumen de trabajo equivalente a decenas de miles de empleos sin asumir el coste que ello implicaría.

Las horas extra no pagadas afectan especialmente a sectores como el comercio, la hostelería, la sanidad y los servicios administrativos, donde la presión por cumplir objetivos o atender la demanda lleva a muchas personas a quedarse más tiempo del estipulado. En muchos casos, estas horas ni siquiera se registran, lo que dificulta su fiscalización y deja a los trabajadores sin posibilidad de reclamar.

Además del perjuicio económico, esta situación tiene consecuencias sobre la salud física y mental de quienes la sufren. La prolongación constante de la jornada laboral sin compensación genera estrés, fatiga y dificulta la conciliación familiar. También perpetúa una cultura empresarial que normaliza el abuso del tiempo ajeno.

Llama la atención que la clase trabajadora no salga a la calle a manifestarse en contra de este abuso. Trabajamos y callamos. Somos esclavos sin saber que lo somos. Estamos apretando la tuerca como robots que no cesan hasta que se le pulsa el botón de apagado.

Pero, a diferencia de los robots, a nosotras y nosotros quien nos pulsa el botón del apagado es la salud. El cuerpo dice basta, vienen las bajas, los médicos, las jubilaciones anticipadas porque no podemos más en trabajos pensados solo para enriquecer a la clase empresarial.

La legislación española contempla el pago de las horas extraordinarias o su compensación con tiempo de descanso. Sin embargo, la falta de inspección y el miedo a represalias hacen que muchas personas opten por el silencio. El resultado: una economía que se apoya en el trabajo invisible de miles de ciudadanos. O dicho de otra manera más contundente: una economía basada en el trabajo robado a la clase trabajadora.

Es urgente que se refuercen los mecanismos de control y que se promueva una cultura laboral que respete el tiempo de las personas. Porque cada hora cuenta, y cada esfuerzo merece ser reconocido con el correspondiente pago.

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MARÍA REY

ECONOMISTA

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Más de 300.000 personas se jubilan cada año

Cada año, alrededor de 300.000 a 330.000 personas se jubilan en España. Esta cifra ha ido en aumento en la última década debido al envejecimiento de la población y a la prolongación de la esperanza de vida.

Por ejemplo:

• En 2018, se registraron 328.159 nuevas jubilaciones, marcando un récord histórico.
• Desde 2012, el número anual de nuevos pensionistas ha superado los 300.000, salvo excepciones puntuales como en 2015.
• Los datos más recientes de la Seguridad Social muestran que esta tendencia se mantiene, con variaciones mensuales que se acumulan en cifras similares cada año.

Este volumen de jubilaciones hace temer sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, especialmente en un contexto de baja natalidad y envejecimiento acelerado.

En las jubilaciones también está presente la diferencia por género. En España, aunque hombres y mujeres acceden a la jubilación bajo los mismos requisitos legales, existen diferencias significativas en cuanto a número de jubilaciones, cuantía de las pensiones y condiciones laborales previas que afectan directamente al sistema de pensiones.

El INE (Instituto Nacional de Estadística) no nos ofrece muchos datos al respecto, pero, aun así, podemos sacar alguna conclusión preocupante analizando la escasa información numérica del INE al respecto. Estas son nuestras conclusiones:

• Aunque no hay una cifra exacta publicada cada año desglosada por género, los datos muestran que los hombres siguen representando una mayoría entre los nuevos jubilados, debido a su mayor presencia histórica en el mercado laboral.
• Sin embargo, la incorporación masiva de mujeres al trabajo desde los años 80 y 90 ha incrementado progresivamente el número de jubilaciones femeninas.

Brecha en la cuantía de las pensiones

• En enero de 2025:
• Pensión media de los hombres: 1.564,53 € mensuales
• Pensión media de las mujeres: 1.071,76 € mensuales
• Esto representa una brecha de género del 31%.

Factores que explican la diferencia

• Interrupciones laborales por cuidado de hijos y familiares: el 84,4% de las excedencias por cuidados en 2023 fueron solicitadas por mujeres.
• Mayor presencia femenina en empleos temporales y a tiempo parcial: el 75% de estos contratos están ocupados por mujeres.
• Brecha salarial: en 2023, las mujeres ganaban un 15,7% menos que los hombres en promedio.

Medidas correctivas

• Desde 2021, existe un complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, que busca compensar las desigualdades derivadas de los cuidados familiares.
  
  

Somos muchas y muchos quienes deeseamos que esta desigualdad entre pensiones cobradas por hombres y pensiones cobradas por mujeres tienda a desparecer en un futuro próximo. Una igualdad en pensiones de jubilación implicaría un gran paso en la igualdad de género que nosotr@s defendemos. Por eso le exigimos a la clase política de este país nuestro que implemente las medidas necesarias para que mujeres y hombres sobren lo mismo en su edad jubilar. 

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Seguridad Social: Prestaciones / Pensiones de Trabajadores Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 15 de mayo de 2025, asuntos acumulados C-623 [Melbán] y C-626/23 [Sergamo], ha declarado que el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se debe aplicar a los hombres en los mismos términos previstos para las ... www.seg-social.es

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Descubre a Larry Ellison, el hombre más rico del mundo

 En septiembre de 2025 hemos cambiado de hombre rico. Larry Ellison, cofundador de Oracle Corporation, se convirtió en el hombre más rico del planeta, superando a figuras como Elon Musk y Jeff Bezos. Con una fortuna estimada en 397.000 millones de dólares, Ellison representa el poder transformador de la tecnología y la inteligencia artificial en la economía global.

No cabe duda, pues, que las tecnologías dan mucho dinero. El señor Ellison tiene pasta. Y quien tiene dinero es famoso. Veremos, a partir de ahora, a don Larry mucho en la prensa escrita y no escrita y, hasta puede, que intenten convencernos de que es un buen tipo.

Nadie dice que sea o deje de ser buena persona. Simplemente decimos que está en el top de los más ricos del mundo mundial cuando tiene edad para ser abuelo y tiene cara de haber disfrutado de los placeres que compra el dinero.

Orígenes y formación

Larry Ellison nació en el Bronx, Nueva York, en 1944. Fue adoptado por su tía y su tío en Chicago, donde creció en un entorno modesto. Estudió en la Universidad de Illinois y posteriormente en la Universidad de Chicago, aunque no completó sus estudios universitarios. Su formación autodidacta en programación y sistemas informáticos fue clave para su futuro empresarial.

Familia y vida personal

Ellison ha estado casado en cuatro ocasiones, aunque actualmente no tiene pareja conocida. Tiene dos hijos: David Ellison, fundador de Skydance Media, y Megan Ellison, productora cinematográfica independiente. Ambos han dejado huella en la industria del entretenimiento, consolidando la influencia familiar en sectores clave como Hollywood.

Círculo cercano

Entre sus amistades más destacadas se encuentran figuras del mundo tecnológico y empresarial como Elon Musk, con quien compartió asiento en el consejo de administración de Tesla, y figuras del deporte y la política. También ha sido anfitrión de eventos privados en su isla de Lanai, Hawái, donde ha desarrollado proyectos de turismo sostenible y energías renovables.

Empresas y legado

Oracle Corporation, fundada en 1977, es el pilar de su imperio. Especializada en software de bases de datos y soluciones en la nube, Oracle ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a sus alianzas con gigantes como Amazon, Microsoft y OpenAI. En 2025, la compañía firmó contratos multimillonarios vinculados a inteligencia artificial, lo que disparó su valor en bolsa y consolidó a Ellison como el líder indiscutible del sector.

Además de Oracle, Ellison ha invertido en sectores como la aviación privada, la vela profesional, el tenis y el desarrollo inmobiliario. Su visión empresarial abarca desde la infraestructura tecnológica hasta el entretenimiento y el deporte de élite.

Cinco características que definen a Larry Ellison

1. Visionario tecnológico: Anticipa tendencias y apuesta por la innovación disruptiva.
2. Resiliente: Superó una infancia difícil y fracasos tempranos para construir un imperio.
3. Ambicioso: No se conforma con liderar; busca transformar industrias enteras.
4. Filántropo estratégico: Invierte en proyectos sostenibles y educativos con impacto global.
5. Competitivo: Su pasión por la vela y el tenis refleja su espíritu de superación constante.

La sexta característica es la suerte para ganar dinero. Esta humilde economista piensa que la suerte es la principal característica de este señor forrado de dólares. La buena suerte, que dirían Trías de Bes y Alex Rovira, los economistas que dedicaron un libro de autoayuda entero a esta circunstancia.  

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MARÍA REY

ECONOMISTA

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El Banco de España preocupado por la creciente inversión de los hogares españoles en criptomonedas

El auge de los activos digitales ha transformado el panorama financiero global, y España no ha sido ajena a esta tendencia. Sin embargo, el Banco de España ha emitido una advertencia significativa: alrededor de 130.000 hogares españoles, equivalentes al 0,6% del total, concentran una parte sustancial de su patrimonio financiero en criptomonedas, lo que representa un riesgo elevado ante la volatilidad de estos activos.

No cabe duda de que estamos ante un tipo de inversor sin aversión al riesgo. Es un inversor que mira la rentabilidad del producto y se olvida de los miedos a perder. Afortunadamente, no todos somos así. La aversión al riesgo nos hace tener "sentidiño" a la mayoría.

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas son activos digitales que utilizan tecnología de registro distribuido (blockchain) para garantizar su seguridad, trazabilidad y descentralización. A diferencia del dinero tradicional, no están respaldadas por bancos centrales ni gobiernos, lo que las convierte en instrumentos altamente especulativos. Las más conocidas son Bitcoin, Ethereum y Solana, aunque existen miles de variantes con distintos propósitos y niveles de adopción.

Su valor se determina por la oferta y demanda en mercados digitales, lo que las hace susceptibles a fluctuaciones extremas. Por ejemplo, Bitcoin ha experimentado variaciones de precio superiores al 70% en periodos de pocos meses, lo que puede traducirse en ganancias espectaculares o pérdidas devastadoras para los inversores.

Perfil del inversor en criptomonedas

El informe del Banco de España ofrece un retrato detallado del inversor tipo en criptoactivos. Se trata, en su mayoría, de hombres jóvenes menores de 45 años, con formación universitaria y altas competencias financieras. Este grupo se caracteriza por una alta tolerancia al riesgo: el 72% está dispuesto a asumir pérdidas en busca de mayores rendimientos futuros.

Además, muchos de estos inversores aún residen con sus padres, lo que sugiere que su exposición podría aumentar en el futuro conforme formen nuevos hogares. A pesar de la percepción de que las criptomonedas son una alternativa al sistema financiero tradicional, estos individuos también invierten en acciones bursátiles y fondos de inversión, lo que indica una estrategia diversificada pero agresiva.

Riesgos y advertencias

El principal riesgo señalado por el Banco de España es la volatilidad extrema de las criptomonedas, que puede comprometer la estabilidad financiera de los hogares con alta exposición. Aunque la tenencia de criptoactivos sigue siendo relativamente limitada en España —solo el 4,8% de los hogares los posee—, el segmento minoritario con fuerte concentración patrimonial podría enfrentar vulnerabilidades significativas si el mercado sufre correcciones bruscas.

El organismo también subraya la necesidad de educación financiera y regulación adecuada, especialmente en un contexto donde los activos digitales están ganando visibilidad y aceptación pública.

Esta humilde economista se suma a las advertencias del Banco de España. Es mejor invertir en lo que conoces que en lo que te resulta desconocido. Además, se debe tener en cuenta que las criptomonedas, a día de hoy, carecen de los mecanismos de control que tienen todas las demás monedas. Por eso, no sería descartable, en un futuro próximo, que el boom de criptomonedas sea otra burbuja pinchada. Tiempo al tiempo. Como decía nuestras abuelas, nadie da duros a cuatro pesetas.

MARÍA REY

ECONOMISTA

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Ayudas económicas de la Xunta de Galicia para los afectados por los incendios forestales

Dicen que las Administraciones Públicas no dan nada porque todo lo que dan, si lo dan, te lo pueden volver a quitar. Al margen de las posibles devoluciones, la Xunta de Galicia dice que da cuantiosas ayudas a los afectados y afectadas por los incendios. El señor Rueda está tirando de chequera porque los votos de la mayoría absoluta en las siguientes elecciones autonómicas están en juego.

Veamos lo que da don Alfonso Rueda de nuestros impuestos a la gente que ha sufrido el horror de las llamas. La Xunta de Galicia ha activado un amplio paquete de ayudas económicas destinadas a paliar los efectos devastadores de los incendios forestales que han afectado a la comunidad durante el verano de 2025. Estas medidas buscan ofrecer apoyo inmediato a personas, empresas y entidades públicas que han sufrido daños materiales, personales o económicos como consecuencia de los siniestros.

Ayudas a personas físicas

• Fallecimiento o incapacidad absoluta: Indemnización de hasta 87.500 euros.
• Hospitalización: 120 euros por día de ingreso hospitalario.

Viviendas afectadas

• Viviendas habituales:
• Hasta 132.000 euros para rehabilitación o adquisición de una nueva vivienda.
• 16.200 euros adicionales para reposición de mobiliario, ropa y útiles domésticos.
• Segundas residencias:
• Hasta 60.000 euros para reconstrucción o compra de una nueva propiedad.
• 5.400 euros para reposición de enseres.
• Alquiler temporal:
• Cobertura del 100 % del coste del alquiler.
• 600 euros adicionales para gastos de hotel o mudanza.

Explotaciones agroganaderas

• Hasta 200.000 euros para reparación de maquinaria, instalaciones o compra de nuevos equipos.
• Hasta 75.000 euros por pérdida de producción.
• Ayudas específicas:
• 1,22 euros por kilo de castaña perdido.
• 12.500 euros por hectárea de viñedo quemada.
• Hasta 15.000 euros para alimentación de ganado o abejas.
• 1.600 euros por vaca mayor de 18 meses fallecida.

Explotaciones forestales

• Hasta 15.000 euros por propietario para reparación de cierres, pistas o captación de agua.
• Hasta 50.000 euros por maquinaria dañada durante tareas de extinción.
• Hasta 50.000 euros para cubrir pérdidas por madera talada y quemada.

Comercios y negocios turísticos

• Hasta 600.000 euros por daños en instalaciones, maquinaria o vehículos.
• En casos de gran impacto socioeconómico, las ayudas pueden alcanzar los 1,5 millones de euros.

Entidades públicas y espacios naturales

• Subvenciones para ayuntamientos por gastos de extinción, limpieza, reparación de vehículos y alojamiento de evacuados.
• 500.050 euros para restauración de miradores, barandillas, carteles y otros elementos de uso público.
• Ayudas específicas para Tecores (territorios cinegéticos) y espacios protegidos, incluyendo siembra de cereales, reparación de infraestructuras y recuperación de hábitats.

Estas ayudas son compatibles con seguros privados y otras subvenciones de administraciones públicas. La Xunta ha habilitado 16 oficinas de atención con más de 50 técnicos para facilitar la tramitación de solicitudes, garantizando o intentando garantizar que ningún afectado quede sin apoyo.

Esta humilde economista anima a todas y todos los afectados a solicitar las ayudas, pero que nadie se sorprenda de que la práctica no sea tan fácil como la teoría. Las Administraciones Públicas cierran la mano para dar y abren el puño para coger.

MARÍA REY

ECONOMISTA

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La privatización de la extinción de incendios en España por parte de las CCAA

 

Este verano del 2025 España ardió por los cuatro costados. No se recordaba nada igual. El fuego arrasó con arboledas, matorrales, casas, incluso vidas. Se llevó por delante los sueños de mucha gente.

El fuego llenó telediarios semana tras semana. Vimos a vecinos y vecinas desesperados. Vimos como las llamas devoraban todo lo que encontraban sin respetar nada. Vimos a vecindarios enteros luchas con medios precarios. Vimos a los profesionales de la lucha contraincendios luchar con sus medios menos precarios. 

Ahora nos preguntamos quienes están detrás de la lucha contraincendios. Sorprende ver el tremendo nivel de privatización que hay en el sector, y también preocupa, porque no es bueno que haya empresas cuya cuenta de resultados dependa de que haya fuegos.

La lucha contra los incendios forestales, tradicionalmente considerada una responsabilidad pública esencial, ha experimentado en España una transformación profunda en los últimos años. Amparadas por el Real Decreto Legislativo 15/2022 y el artículo 148 de la Constitución Española —que otorga a las comunidades autónomas competencias en materia de gestión forestal— las administraciones regionales han optado por externalizar gran parte de los servicios de prevención y extinción de incendios. Esta decisión ha dado lugar a un lucrativo negocio que concentra cientos de millones de euros en manos de unas pocas empresas privadas.

Un marco legal que abre la puerta al negocio

La Ley de Montes y el citado Real Decreto han facilitado que las comunidades autónomas deleguen funciones críticas en empresas privadas, especialmente en lo que respecta a medios aéreos y brigadas helitransportadas. Esta externalización ha generado un oligopolio en el que destacan compañías como:

• Avincis: Controla aproximadamente el 80% del mercado de servicios aéreos de emergencia en España, incluyendo incendios, salvamento marítimo y emergencias sanitarias.
• Pegasus Aero Group: Principal operador en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.
• Eulen, Acciona, Desmontes, y otras empresas que operan en Castilla y León y Madrid, muchas de ellas con vínculos políticos.

Según investigaciones recientes, estas empresas han recibido contratos por valor de más de 650 millones de euros en los últimos dos años, sumando adjudicaciones tanto de comunidades autónomas como del Ministerio de Transición Ecológica.

El caso de Galicia: entre lo público y lo privado

Galicia, una de las comunidades más afectadas por los incendios forestales, ha invertido más de 48 millones de euros en medios aéreos y brigadas para combatir el fuego. Aunque la Xunta asegura que el 97% de los 3.000 efectivos desplegados son trabajadores públicos —2.000 funcionarios y 1.000 fijos discontinuos—, también reconoce que alrededor de 100 brigadistas helitransportados pertenecen a empresas privadas subcontratadas.

Estas brigadas, debido al elevado coste de los helicópteros y aviones cisterna, operan bajo régimen de alquiler, lo que permite a las empresas renovar flotas sin asumir el coste de propiedad. Esta fórmula ha sido criticada por sindicatos como SLTA, que denuncian condiciones laborales precarias, salarios congelados desde 2015 y una pérdida de poder adquisitivo del 30%, mientras los presupuestos públicos aumentan en proporción similar.

Además, se han señalado vínculos entre algunas de estas empresas y figuras políticas del Partido Popular, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia en las adjudicaciones y la posible existencia de favoritismos.

¿Un modelo sostenible?

La privatización de la extinción de incendios plantea serias dudas sobre la eficiencia del gasto público, la calidad del servicio y la equidad laboral. El Tribunal de Cuentas ha advertido sobre duplicidades y falta de coordinación entre administraciones, mientras que expertos y colectivos ecologistas reclaman un modelo 100% público, permanente y dotado de recursos suficientes.

La emergencia climática exige respuestas estructurales, no parches temporales. La prevención —limpieza de montes, repoblación con especies autóctonas, y políticas agrarias sostenibles— debe ser el eje de cualquier estrategia seria. Convertir el fuego en negocio puede apagar fuegos, pero no evita que se enciendan.

Me preocupa y me indigna que haya empresarios que se están forrando a costa de los incendios. Cuanto más arden los montes más ricos se hacen estos empresarios y empresarias. Este enriquecimiento a costa de la desgracia de las familias que pierden sus casas y cultivos demuestra la falta de ética del sector empresarial y del sector político. 

Estamos en el todo vale para hacer caja. ¿Vale también que los incendios quemen viviendas? ¿Vale también para facturar que ardan hectáreas y hectáreas de bosques?... 

Tan mal se gestiona la lucha contra incendios que no se invierte en la limpieza de montes, ni en el desarrollo de un modelo económico para nuestros bosques que evite la proliferación de maleza, la falta de cortafuegos y la improvisación cuando llega un verano de altas temperaturas y altas llamas.

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