Año Nuevo medidas nuevas. Así podemos resumir las medidas apresuradas que sacó el Gobierno del señor Zapatero para tener contentos a los ciudadanos este año doblemente electoral. No tendrá contenta a toda la ciudadanía en el tema de los combustibles porque ha empezando sacando los 20 céntimos de descuento por litro. Parece que el señor Sánchez consideró las críticas al descuento generalizado de los economistas que señalaron lo mucho que se beneficiaban de esta medida las clases altas.
Las medidas en lo que respecta a carburantes quedan como sigue:
- Descuento de 20 céntimos por litro de combustible para el transporte profesional por carretera hasta el mes de marzo. Este descuento se rebajará a 10 céntimos de euros por litro durante el segundo trimestre de 2023, sin perjuicio de que se realice un seguimiento de la medida y se decida seguir con los 20 céntimos . Ahora esta ayuda por cada litro de gasóleo consumido se abonará al final de cada mes, junto la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos.
- La parte del sector que no se beneficia de la devolución del gasóleo profesional percibirá la ayuda en un solo pago. Se calcula estimando el consumo por tipo de vehículo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023.
- Para las flotas con tecnologías de propulsión a gas se prevé una compensación de 27 céntimos hasta marzo y de 14 céntimos entre abril y junio.
- Se extiende seis meses más la modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte, que amplía el porcentaje del impacto del carburante en la tarifa del 30 al 40%.
En estas medidas de ayuda por el precio de los combustibles no se tienen en cuenta a las ciudadanas y ciudadanos que utilizan sus automóviles para desplazarse a sus lugares de trabajo.
La medida de los carburantes ha sido la más cara de las medidas que ha tomado el Gobierno del señor Sánchez para contener la inflación. También ha sido la más polémica en cuanto a resultados.
Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el descuento general a los carburantes ha sido aprovechado:
- Casi un 40% del dinero total por el tercio de familias más ricas.
- Apenas un 20% del dinero total por el tercio de familias más pobres.
Esto se explica porque los ricos usan más el coche, tienen más vehículos y sus automóviles son más grandes. Esto ha traído como consecuencia un aumento del consumo de combustible en una época de emergencia climática y crisis energética.
Encima la cifra del gasto ocasionado por este descuento generalizado que ha beneficiado más a los ricos que a los pobres es importante: ha costado algo más de 4.500 millones de euros.
Otra crítica que se le puede hacer a esta medida es que gran parte de la bonificación ha ido a engrosar los beneficios de las petroleras. Estos últimos meses, los precios de la gasolina y el diésel han caído por la bajada del petróleo en los mercados internacionales debido a la menor demanda global. Actualmente, estos carburantes se encuentran en niveles previos a la guerra de Ucrania.
En este 2023 el Gobierno intenta evitar favorecer a las clases altas con el descuento en carburantes. No es una medida digna del socialismo que se supone que tienen por ideología.
Por eso los descuentos en los carburantes se ceñirán solo a los profesionales del transporte, a agricultores y a pescadores, según el último Real Decreto-ley aprobado, para los que es un coste clave el carburante en su actividad profesional.
Para las familias en general se han reforzado las medidas sobre los descuentos en el transporte público, que cumplen los criterios de centrar los esfuerzos presupuestarios en las rentas bajas y de no alimentar la demanda de combustibles fósiles. Con esta modificación el señor Sánchez podrá ir a los mítines de su partido sin escuchar gritos de que beneficia a los ricos.
¿Quiénes son los perjudicados con el fin del descuento generalizado en combustibles? Se quedan sin ayudas para su movilidad:
- Las familias de zonas rurales o de barrios y localidades mal conectadas con transporte público.
- Las personas que no quieren prescindir de su vehículo particular en sus desplazamientos pese a no ser de clase alta.
Este tipo de medidas debería ser analizadas en profundidad antes de ponerlas en práctica. Se podrían haber implementado restricciones a la generalización del descuento de los 20 céntimos que redundaran en un sesgo favorable a las clases trabajadoras.
Por ejemplo, no hacer el descuento a coches de lujo o limitar el descuento a un número determinado de litros de combustible al mes. De este modo estaríamos centrando la bonificación en un beneficio mayor para las clases menos pudientes y se evitaría el incremento del consumo en esta época de emergencia climática.
Esta economista propone una reducción generalizada en el precio de los carburantes matizada. Hay que introducir matices que eviten que el dinero público vaya a manos de los más ricos del país. También hay que pensar en el Planeta Tierra. No podemos seguir contaminando como lo estamos haciendo.
Hablando de no contaminar, el señor Presidente del Gobierno tendría que ser el primer ciudadano español en predicar con el ejemplo. ¿Qué hace don Pedro usando el Falcon tan alegremente?...
Una hora de vuelo en el Falcon son 5.600 euros. Marea la cifra. Más marea si decimos que a esos 5.600 euros hay que sumar el coste del los despegues y aterrizajes.
Sigamos con el derroche que supone para nuestros bolsillos el Falcon presidencial. El avioncito que usa el señor Sánchez gasta en una hora de vuelo tanto combustible como gasta un coche de un ciudadano anónimo durante todo el año.
Y lo peor es que el Presidente del Gobierno se niega a darnos datos oficiales de los consumos de carburantes y gastos de sus aviones Falcon y Super Puma. Dice que es un "secreto de Estado".
¿Un "secreto de Estado"? En absoluto. La ciudadanía española tiene que saber lo que gasta el Presidente del Gobierno en sus desplazamientos. Nosotras y nosotros le estamos pagando el medio de transporte más caro con nuestros impuestos. Si se niega a decirnos lo que gasta en aviones, el señor Sánchez está incumpliendo la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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María Rey
Economista
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