Dinamarca ha establecido en su reforma municipal del año 2007 la prohibición de municipios de menos de veinte mil habitantes, de cara a la reducción de costes administrativos. Estudiemos la posibilidad de reagrupar municipios en España con el mismo fin. Es decir, se trataría de salir del costosos micromunicipalismo que padece la administración local de nuestro país. El ahorro en gastos administrativos tendría que ir destinado a la financiación del tan necesario Estado del Bienestar. Menos funcionarios de ventanilla y más médicos. Menos cargos políticos municipales y más profesores en los centros de enseñanza reglada. Menos moqueta y más sanidad. En el caso español estableceremos la prohibición de municipios de menos de 50.000 habitantes.
Pongamos cifras a este proyecto ilusionante:
-Municipios de más de cien mil habitantes: 63 (40,1%)
-Municipios de entre 50.001 y 100.000 habitantes: 86 (13,1%)
-Municipios de 50.000 habitantes: 444 (46,8%)
Pasaríamos tener 7982 municipios de menos de 50.000 habitantes (en un micromunicipalismo que incluye en esta cifra alarmante por su cuantía a municipios de menos de mil habitantes) a tener 444 municipios con cincuenta mil habitantes. El 46,8% de la población española residiría en municipios de 50.000 habitantes con la consiguiente mejora y ahorro en la prestación de las competencias municipales establecidas por ley.
Con esos 444 municipios de 50.000 habitantes hemos restado 538 municipios. Habría 538 alcaldes menos y 6380 concejales menos. Estas cifras nos hacen imaginar el ahorro posible. Ponerle números a ese ahorro es difícil porque, de acuerdo con los datos del ISPA de 2017, mil cuatrocientos municipios faltaron a su compromiso de comunicar los sueldos que la corporación municipal ha asignado a alcaldes y concejales. De todos los municipios que están obligados a informar al Ministerio, esto supone un porcentaje de incumplimiento de casi el 18%.
Por otra parte también debemos considerar que una reagrupación de municipios siempre es favorable para los ciudadanos al estar obligados los ayuntamientos a prestar más servicios mínimos obligatorios por ley. Una reagrupación de municipios, con el consiguiente ahorro en despilfarro de sueldos de las corporaciones municipales, facilitaría que algunos servicios mínimos obligatorios tuvieran una mayor financiación.
Por ejemplo, la prestación de servicios sociales es obligatoria para municipios de más de 20.000 habitantes. Un municipio de 20.000 habitantes, a día de hoy, poco puede hacer para ayudar a su población más desfavorecida. Son necesarios más recursos para llevar a buen fin las políticas de integración social y apoyo a personas con riesgo de exclusión. La financiación de las políticas sociales puede proceder del ahorro proveniente de la reagrupación municipal.
María Rey
Economista
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