viernes, 6 de noviembre de 2020

El optimismo del Gobierno de Pedro Sánchez

 
 Suele decirse que los pesimistas tienen siempre razón y que los optimistas suelen equivocarse. Si este dicho popular fuese cierto, el Gobierno de España estaría muy equivocado con su optimismo sobre el futuro económico de este país.  El esfuerzo que hacen los ministros del Gobierno presidido por el señor Sánchez por embellecer las cifras económicas sería una pérdida de tiempo.

 Debería este Gobierno PSOE-Unidas Podemos centrarse en buscar soluciones ante una situación de déficit descuadrado que le van a ocasionar los ingresos menores y los gastos también menores. Me refiero a unas soluciones que no pasen por el incremento de impuestos. Pero, ya sabemos, que es la subida de imuestos la solución que han encontrado los dos socios de Gobierno. Aumentar los impuestos a corto plazo es un error. Deberían darle un respiro a unas pymes quebradas y a unos ciudadanos en situación de pobreza generalizada desde la clase media hasta la clase baja.

 En los próximos meses vendrán más quiebras, más concursos de acreedores, sobre todo en los sectores de hostelería y comercio. Las pymes y mircopymes serán las empresas más afectadas por la crisis económica. Veremos una crisis económica acentuada en Cataluña, Extremadura, Madrid y Andalucía. Las colas del hambre ante los bancos de alimentos y otras ONGs seguirán siendo noticia.

 Ni siquiera se puede afirmar que la recuperación en el año 2021 sea mayor que la prevista. Soy pesimista. No habrá nada que se pueda llamar recuperación mientras no aparezca la ansiada vacuna contra el coronavirus. Los fondos europeos darán para tapar pocos agujeros. Encima los restantes países europeos tampoco estarán mucho mejor. Pero España se pondrá a la cabeza de la desgracia económica. Y buena culpa de ello será de los impagos. El riesgo de insolvencia de las empresas debería preocupar al Gobierno, igual que debería preocupar el camino a la pobreza que hemos iniciado la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a incrementar los impuestos a una España pobre.


 María Rey
Economista
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miércoles, 4 de noviembre de 2020

El fraude fiscal de las empresas multinacionales en España

 No se habla mucho de fraude en estos tiempos de coronavirus, restricciones a la movilidad y confinamientos por barrios, pero el fraude sigue existiendo. Todo el mundo es ladrón cuando tiene ocasión. Las personas honradas con el fisco escasean, al menos las que son honradas motu propio. La honradez con Hacienda está más motivada por el miedo a la sanción que por la voluntad de contribuir a engordar las arcas del erario público.

 Puestos a hablar de fraude, habría que centrarse en el fraude de multinacionales. Sería necesario crear un cuerpo especial de inspectores de Hacienda cuya especialidad fueran las multinacionales que evitan contribuir en todo lo que debieran al fisco nacional.

 En cambio, la tendencia de todos los Gobiernos es perseguir al autónomo, al ciudadano de a pie, a una clase que se cree clase media y en un par de telediarios un coronavirus convierte en clase pobre. No quiero decir que no se deba poner algo de atención sobre los fraudes a pequeña escala. Simplemente digo que  no habría que malgastar recursos del Estado en perseguir el fraude de los autónomos y de los trabajadores por cuenta ajena, En estos casos debería primar la voluntariedad para salir del fraude. Unas cuantas cartas comunicativas sirven para meter miedo.

 La inspección de Hacienda debería centrarse en perseguir el fraude de las multinacionales. Ahí sí que habría que ser implacables. Lamentablemente, no piensan así los Gobiernos. Tanto el PP como el PSOE miran para otro lado cuando las multinacionales se ríen del fisco español.

 María Rey
 Economista
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martes, 3 de noviembre de 2020

El fracaso del Ingreso Mínimo Vital de Pablo Iglesias


Hoy en día los periodistas no siguen la noticia, no se mojan, no bucean en la realidad de los ciudadanos. Se quedan en la loa al poderoso, sobre todo cuando ese personaje poderoso es un Vicepresidente del Gobierno con aires de Presidente en la sombra de la Moncloa.

No hace falta dar nombres. Me refiero al poderoso Pablo Iglesias, el hombre que vino a traernos un ingreso mínimo vital sobrado de burocracia y de requisitos excesivos. De ahí que muchas solicitudes no se hayan contestado. Estamos en época de pandemia, con los funcionarios haciendo teletrabajo y/o trabajo sin atender a los administrados presencialmente, lo cual viene a ser lo mismo. ¿Cuántos ciudadanos no habrán podido solicitar el ingreso mínimo vital porque los trámites son online? ¿Cuántos ciudadanos han tenido que ir a pedir "por favor" a un amigo, a una ONG, a un desconocido incluso, que le soliciten online el susodicho ingreso mínimo vital?...

 El ingreso mínimo vital del señor Pablo Iglesias es una prestación de la Seguridad Social que nada tiene que ver con la necesaria renta básica. La renta básica sería para todos los ciudadanos. El ingreso mínimo vital, en cambio, es una renta mínima de inserción, que ya existía en las Comunidades Autónomas. De hecho es lo mismo, tiene los mismos problemas que venían presentado las rentas de inserción de las CCAA: quejas por su tramitación, funcionaban mal y muchas veces acababan en suspensiones de renta mínima de inserción. El Estado, sea autonómico o estatal, se suele caracterizar por no saber ayudar a los más pobres. En vez de ayudar empuja a la exclusión social.

 Yo siempre defendí la renta mínima universal. Su acceso con carácter universal evita la injusticia de una denegación a una persona en exclusión social o que pasa graves apuros económicos que ponen en riesgo necesidades tan básicas como la alimentación. Otro motivo para defender la necesidad de una renta mínima universal es que no hay trabajo para todos. La robotización de la Economía nos lleva a la expulsión de mucha mano de obra de trabajos que pasan a hacer las máquinas. Sólo hay que pisar acera para darse cuenta. ¿Cuántos puestos de trabajo en entidades financieras han quitado los cajeros automáticos?... Si vamos al mundo rural, vemos explotaciones agrícolas en las que sus propietarios hacen ellos todo el trabajo agrícola con ayuda de un tractor dotado de nuevos aparatos que vienen a sustituir a los jornaleros. Si entramos en las fábricas, vemos más ejemplos de robotización con la consiguiente expulsión del mercado laboral de trabajadores industriales. Algunos dirán que se están creando nuevos puestos de trabajo fruto de la nueva tecnología. Sí, pero no se crean los suficientes puestos de trabajo como para dar un empleo digno a la mano de obra expulsada por la robotización de la economía.

 Es una pena que en España no se haya dado un paso adelante y se haya creado esa renta mínima vital en un momento de crisis económica total. La Economía es circular. Esas rentas mínimas estaban destinadas por definición al consumo. Hemos perdido una oportunidad para revitalizar la Economía por el lado de lo que yo llamo "gasto público justo".

 En vez de una renta mínima vital justa tenemos el fracaso del ingreso mínimo vital del señor Pablo Iglesias. En el mes de octubre de 2020 sus datos eran:

 -12.789 familias nuevas perceptoras
 -90 solicitudes resueltas favorables por día
 -35.000 personas sin hogar (el 75% con trastorno mental) quedan fueran de la ayuda

 Yo, con estos datos, hubiera presentado mi dimisión como Vicepresidenta del Gobierno. El señor Pablo Iglesias, en vez de ayudar a los pobres, se rio de ellos. Señalemos otros fallos del ingreso mínimo vital inventado por Pablo Iglesias:

 1-Para su concesión tiene en cuenta los ingresos del año 2019, cuando no estaba presente el coronavirus. Por eso personas que están en situación precaria a raíz del covid-19 tendrán sus solicitudes denegadas.
 2-No hace una pasarela directa de las personas que cobran la renta mínima de inserción de las CCAA. Esto llevará a hacer cobros de indebidos por la incompatibilidad de ayudas.

 Vuelvo a insistir en la necesidad de una renta mínima vital universal. Bien diseñada, sobre todo en una situación de crisis económica severa como la que estamos viviendo, va directa al consumo y esto reactiva la Economía. Hay cuatro millones de españoles en pobreza severa. ¿Vamos a dejar que se mueran de hambre?... Mucho me temo que los 3 mil millones de euros presupuestados al año para el ingreso mínimo vital del señor Iglesias no lleguen a todos los ciudadanos y ciudadanas que realmente necesitan ese dinero para ir al supermercado.

 María Rey
 Economista
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domingo, 1 de noviembre de 2020

Echemos políticos al paro


 La crisis económica que estamos viviendo a raíz del covid-19 nos hace plantear la necesidad de efectuar recortes en las Administraciones Públicas. Analizadas las situaciones de gastos en las Administraciones Central, Autonómicas y Locales podemos concluir que:
 -El gasto público en España y el tamaño del sector público ha experimentado crecimiento notable durante la última década. En las partidas de gastos contemplamos la abultada partida de gasto de personal.
- El crecimiento del sector público se debe al importante crecimiento de la Administración autonómica y local, sobre todo a esta última, caracterizada por un preocupante micromunicipalismo.
- En España, el coste salarial del sector público excede en un 20% al coste salarial del privado. Lejos de reducir sueldos y salarios, se aumentan los sueldos, incluidos los emolumentos de los miembros de los distintos Gobiernos.
- El principal catalizador del gasto público es el de personal. Cabe destacar la preocupante cifra de personal eventual designado para asesorar a la autoridad que lo nombra.
-En España, existe una relación inversa entre el peso del funcionariado público y la prosperidad económica de las regiones. A mayor número de empleados públicos menor prosperidad de la región y viceversa.
-La disparidad de sueldos y salarios y/o dietas percibidos por Alcaldes y Concejales. Destacar los elevados sueldos de los ediles de las grandes ciudades.  Los concejales madrileños cobran 99.000 y 81.900 euros al año (aunque algunos de ellos no se dedican de forma exclusiva a esta tarea), mientras que los de Bilbao tienen todos la misma retribución, 83.201 euros, según la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA). Los alcaldes de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Vitoria superan los 80.000 euros al año.

María Rey
Economista
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Lo que nos cuestan los concejales en España

No es fácil saber cuánto cobran los concejales en España. La única cifra cierta que sabemos es su número: 67.515 concejales hay en nuestro país. Cuando desempeñan sus cargos con dedicación exclusiva o parcial son dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. En este caso sus emolumentos son incompatibles con cualquiera otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y de los entes, Organismos y Empresas de ella dependientes.

 En caso contrario, los concejales perciben asistencia por la concurrencia efectiva a sesiones de los órganos colegiados de que formen parte, y en la cuantía que se señale por el Pleno de la Corporación. Son las famosas dietas que compensan el tiempo que invierten los concejales en mantenerse en contacto con las comunidades para resolver los problemas de su municipio. También reciben un plus de dietas y otro que depende de la cantidad de reuniones del Pleno al que asisten. Los ingresos de los concejales varían mucho de un ayuntamiento a otro. Por eso vuelvo a remarcar la dificultad para calcular un montante global.

 Los concejales obtienen, de acuerdo al número de electores de su municipio, una dieta muy distinta. Pongamos ejemplos.  En Barcelona un edil tiene una dieta que supera los 2.000 euros mientras un concejal de un pueblo pequeño apenas alcanza 300 euros. Estamos hablando de los municipios pequeños. Recordemos que en España hay 8.131 municipios contabilizados por el INE a 1 de enero del 2020. El micromunicipalismo se refleja en los 7.500 municipios de menos de 10.000 habitantes. En consecuencia, unos 60.000 concejales obtiene una dieta de 300 euros al mes más las pocas dietas y pagos especiales que les dan por sesión. Ser concejal de un pueblo pequeño puede considerarse que no está muy bien pagado. Por eso hay autores que explican en los bajos ingresos de los ediles de municipios pequeños los casos de corrupción.

 En todo caso, los ingresos de un concejal se deberían comparar con el ingreso medio de los vecinos del municipio. En los pequeños municipios, muchos de ellos en la España despoblada, la renta media de la población está por debajo de los ingresos de los concejales de sus ayuntamientos. Lo mismo podemos decir respecto a los concejales de los municipios más poblados. Hoy en día, la clase política está muy bien pagada. Son muchos los ciudadanos y ciudadanas que querrían recibir sus retribuciones, tener su influencia y dejar los cargos públicos con las vidas resueltas en el sector privado, porque un cargo público en el currículum vitae es, en general, una garantía de éxito en el mercado laboral.

 Por eso, cuando hablamos de lo que ganan los políticos, en este caso los concejales, no solo se debe tener en cuenta los emolumentos económicos que perciben. Hay que tener en cuenta los beneficios asociados al cargo en la práctica.

María Rey
Economista
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Recortes en personal eventual en las Corporaciones Locales


El coste de la Administración Pública en España es excesivo. Cuesta la Administración Pública a cada ciudadano 9.816 euros al año. Una cifra que hay que dividir entre las distintas Administraciones Públicas porque no todas las Administraciones nos salen a los ciudadanos y ciudadanas españolas igual de caras. Pero todas las Administraciones se caracterizan por unos abultados gastos de personal.

Es la Administración Local (los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares) la que más ha aumentado sus costes de personal en el último decenio. Entre 2008 y 2018, han incrementado su gasto salarial un 21,9%. Les siguen de cerca  en el aumento de gastos de personal las administraciones autonómicas, con un incremento del 20,2%, lo que tiene un gran impacto en el coste total de las Administraciones Públicas porque el sector público autonómico es el que tiene más plantilla. Recordemos que las CCAA tienen las competencias de Sanidad y de Educación, servicios públicos intensivos en mano de obra.  El aumento en gasto de personal es más discreto en la Administración General del Estado.  Ha tenido un repunte del 10,7% entre 2008 y 2018, mientras que en la Administración de la Seguridad Social ha sido únicamente del 4,3%.

Vamos a centrar nuestro análisis en las plantillas de las Corporaciones Locales, plantillas en las que se recogen todos los puestos de trabajo de funcionarios, personal laboral y personal eventual. Estas plantillas se aprueban anualmente, cuando se aprueba el Presupuesto de la Corporación Local.

Los trabajadores de las Corporaciones Locales se clasifican en:
-Personal eventual
-Personal funcionarios.

A su vez el Personal laboral puede ser:
-Personal laboral fijo
-Personal laboral sujeto a un contrato de duración determinada.

El Personal funcionario se divide en:
-Personal funcionario de empleo: eventual e interino
-Personal funcionario de carrera: con habilitación nacional y propio de la Corporación Local.

Por donde se va el dinero en gastos de personal de las Administraciones Locales (y lo mismo ocurre en el resto de Administraciones Públicas) es en el personal eventual, es decir, en los asesores que prestan sus servicios a las autoridades. Estos asesores cesan cuando expira el mandato de la autoridad a la que asesoran.

Todavía hay más personal público, tanto en Corporaciones Municipales como en el resto de las Administraciones Públicas. Nos quedan por citar los  directivos de empresas y entes públicos, que a su vez suman también un considerable número de empleados públicos. En su conjunto, todos esos sueldos y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social se tragan el 10,5% del PIB español. Este año 2020 el porcentaje será mayor. Lo podemos afirmar teniendo en cuenta lo que pasó en el año 2010, tras la crisis de 2008. En 2010 era algo más dicho porcentaje, el 11,6% del PIB, pero no porque el gasto fuera mayor que ahora, sino porque la crisis había adelgazado la renta nacional. La crisis económica ocasionada por el covid-19 también está adelgazando la renta nacional.

Una reducción en el número de municipios vendría a paliar este problema. Tendríamos, prohibiendo los municipios menores de 100.000 habitantes, sólo 347 municipios. Con el mismo número de funcionarios y de personal laboral, se podría prestar un mejor servicio a la ciudadanía. La reducción sería, pues, de cargos políticos con sus correspondientes asesores.

Simplemente eliminando el bien pagado personal eventual que asesora a los cargos políticos municipales se podría frenar la escalada del gasto de personal en el sector público que se ha venido produciendo tras décadas en las que administraciones autonómicas y locales han engordado sus plantillas y el salario agregado de sus efectivos.

María Rey
Economista
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jueves, 29 de octubre de 2020

Lo que nos cuestan los alcaldes en España

¿Cuánto ganan los alcaldes en nuestro país? Esta pregunta es difícil de responder porque no todos los alcaldes ganan lo mismo y muchos regidores se niegan a facilitar información al Ministerio de Economía sobre la cuantía de su salario. También hay alcaldes que no cobran nada por su tarea al frente de las alcaldías de sus municipios. Son 2.620 los alcaldes que declaran no percibir ni un solo euro del erario publico. Tenemos que buscar estos políticos sin sueldo en los municipios de menos población.

Dejando fuera a los alcaldes que no cobran, entre los que cobran un poco y los que cobran muchísimo nos sale un sueldo medio de 20.660 euros. No está mal la cifra en un país donde muchos se considerarían tocados por la diosa Fortuna si tuvieran una nómina de esa cuantía anual. El salario mediano sería un poco más bajo, de 17.915 euros. Me parece más representativo el salario medio. Por eso tomaré la cifra de 20.660 euros brutos anuales como salario de un alcalde español tipo.

Hay que destacar lo mucho que cobra un alcalde de una gran ciudad. Quitando los sueldos de los alcaldes que optan por el sueldo de diputado, en el caso de serlo, tenemos ocho alcaldes que el año 2018 han cobrado más de 80.000 euros.  En el año 2019 se mantienen a la cabeza las mismas ciudades con regidores mejor pagados:  Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tienen los que más cobran del país según el ranking de sueldos que ha publicado el Ministerio de Política Territorial, con retribuciones de 103.667, 99.999, 92.911 y 85.602 euros, respectivamente.

En el extremo de sueldos más bajos se encuentran Colunga (Asturias), Marchamalo (Guadalajara) y San Martín y Mudrián (Segovia), cuyos alcaldes aseguran tener dedicación exclusiva también pero cobran, cada uno, 6.059, 4.623 y 929 euros anuales.

Lamentablemente no podemos saber a ciencia cierta lo que nos cuestan los alcaldes en España. La información se ha elaborado con los datos de 4.063 municipios mientras que más de 1.100 no ha facilitado el salario de su alcalde, entre ellos capitales como Granada, Tarragona y Ourense, o ciudades como Jerez de la Frontera, Sabadell, Getafe, Coslada o Calviá. La transparencia todavía cuesta a muchos políticos.

Cuesta entender que haya esta diferencia de salarios. El salario medio, 20.660 euros en el año 2018 no es representativo. Tampoco lo es el salario mediano. La desviación típica es considerable. Encima, la falta de información de muchos municipios sobre el salario de su alcalde dificultan el cálculo de coste de los alcaldes para el erario público. Sólo podemos hacer una estimación.

Para hacer esta estimación cogeremos la cifra del salario medio de los alcaldes. Así calculamos el coste de salarios de alcaldes y alcaldesas de nuestro país y tenemos un coste de 167.986.460 euros. Es decir, unos 168 millones de euros sería lo que nos cuestan los alcaldes de los 8.131 municipios que hay en España.

Si los ayuntamientos españoles fueran todos de cien mil o más habitantes, el coste en alcaldes se reduciría mucho. Manteniendo sus sueldos y salarios a día de hoy, sólo les pagaríamos 7.169.020 euros.

Con la reducción de municipios propuesta nos ahorraríamos sólo en sueldos de alcaldes un mínimo de 160.817.440 euros.

María Rey
Economista
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domingo, 25 de octubre de 2020

Una España con municipios de más de 100.000 habitantes

 La agrupación de municipios es una tendencia que vemos presente desde hace décadas en los distintos países europeos. Suecia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Austria, Noruega..., y hasta países del sur de la Unión Europea, como es el caso de Grecia y Portugal, han reagrupado sus municipios huyendo de un micromunicipalismo poco eficaz a la hora de prestar servicios a los ciudadanos.

 No sólo la eficacia es un motivo para reagrupar municipios de pequeño tamaño. El motivo fundamental sería la reducción de costes, tan necesaria en los tiempos que corren. El Consejo de Europa recomendaba en el año 2012 fusionar los municipios de menos de 10.000 habitantes. No le hemos hecho mucho caso. La primera fusión de la democracia la hacen los municipios de Cesuras y Oza de los Ríos. Querían lograr subvenciones y poner en marcha proyectos comunes como una guardería o un centro de mayores.

 Lo que queremos, hoy en día, es agrupar municipios para reducir costes. Planteamos la agrupación de municipios como una necesidad para financiar políticas sociales y el imprescindible Estado del Bienestar.

  Cuando hablamos de reagrupación de municipios hay que fijar una población mínima por municipio que nos haga superar el costoso micromunicipalismo que hay en nuestro país. Con las cifras del INE a 1 de enero de 2020 nos encontramos que hay la escalofriante cifra de 5007 municipios de menos de mil habitantes en los que sólo vive el 3,1% de la población. Es prácticamente imposible que un municipio de menos de mil habitantes pueda tener autonomía real. Lo mismo podemos decir de los municipios de menos de 10.000 habitantes que recomendó el Consejo de Europa.

 Se trata, pues, de fijar una cifra de población por municipio que suponga un acicate para reducir costes no sólo reagrupando los municipios iniciales sino también pudiendo prescindir de otros entes locales de carácter voluntario como son los consorcios y las áreas metropolitanas. Nos sobran políticos. Nos sobra burocracia. En la Administración Local hay que abrirle la puerta a la eficiencia económica porque será la eficiencia la que nos permita liberar recursos para destinar a la equidad.

 Establecemos con este fin la prohibición de que los municipios españoles tengan menos de 100.000 habitantes. El mapa municipal quedaría así:

 -Municipios de cien mil habitantes: 284
 -Municipios de más de cien mil habitantes: 63

 España quedaría con 347 municipios en total. A día de hoy tiene nuestro país 8131 municipios.  

 El ahorro en gasto de sueldos y salarios de políticos sería considerable. Con la agrupación de municipios tomando como referencia la cifra de 100.000 habitantes hemos prescindido de 7784 municipios.

 Para hacer esta ambiciosa reforma de la administración es necesario el consenso político, un consenso que es más fácil alcanzar hoy en día, en plena crisis económica derivada del coronavirus, que lo fue cuando se aprobó  Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Una ley que  regula dos tipos de fusiones de municipios: una, de carácter obligatorio, al venir impuesta por prescripción legal en el artículo 116 bis LRBRL; y otra, de carácter voluntario prevista en el artículo 13 LRBRL.

 María Rey
 Economista
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sábado, 24 de octubre de 2020

Un Nuevo Estado de Alarma

Viene un nuevo Estado de Alarma de la mano de un Pedro Sánchez que promete tiempos difíciles. Yo pensaba que ya estábamos viviendo lo difícil. Pero parece que viene lo más difícil todavía. La vacuna prometida se ha quedado en una promesa. Cuesta inventar sobre la marcha. También cuesta gobernar cuando tenemos en marcha una pandemia.

En este otoño triste se ponen de moda los toques de queda por Europa. Es la única manera de contener al personal con ganas de fiesta. España va a tener como mínimo un toque de queda generalizado que nos apartará de las calles durante las noches.

Espero que no se pongan de moda los botellones de día. Espero también que las cenas familiares con el coronavirus de postre no pasen a comidas familiares con el susodicho presente en un abrazo espontáneo entre la abuela vieja y la madre joven. Espero que el Estado de Alarma quedé en toque de queda, respetando la nueva normalidad a plena luz del día.

Hoy no les voy a hablar de Economía. Echar números al coste de un toque de queda no me apetece. Pero les anticipo que no será tanto coste como si el Estado de Alarma nos encierra también por el día en nuestros humildes hogares.

María Rey
La Coruña
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domingo, 18 de octubre de 2020

El tamaño óptimo de las ciudades versus el tamaño óptimo de los municipios

Los urbanistas suelen ser ajenos a los posibles tamaños óptimos de las ciudades. Los economistas, en cambio, encontramos en las distintas urbes ventajas y desventajas. A partir de un determinado número de habitantes se generan ventajas en economías de escala. Lo vemos en ciudades que rondan los doscientos mil habitantes. En cambio, cuando las ciudades están superpobladas aparecen las deseconomías que genera su tamaño excesivo: congestión, contaminación, conflictividad social, etc.

También se constata un crecimiento del PIB cuando aumenta el tamaño de la ciudad. Pero no todas son ventajas, como decía. Una mayor población tiene un impacto social y ambiental que genera costes para la sociedad y los ecosistemas. La huella ecológica en las ciudades es más grande que en los pueblos. Lo vemos en la deforestación, el agotamiento de los caladeros y en el cambio climático.

Aún así, la población se sigue desplazando hacia las ciudades grandes, atraída por los salarios mayores que se perciben. No se tiene en cuenta que frente a los mayores salarios urbanos tenemos una preocupante tasa de delincuencia y la desintegración de los servicios urbanos.

Se sigue considerando que el PIB es un indicador del éxito económico de una ciudad o de un país. Los gobiernos siguen llevando a cabo políticas urbanas para maximizar el PIB. La productividad también es mayor en las grandes ciudades.

Pero no podemos hablar de un único tamaño óptimo. Hay que hablar de tamaños óptimos distintos en función de las distintas estructuras productivas, lo que implica distintas combinaciones de economías de escala. Así una ciudad grande es más relevante para el sector servicios que para el sector industrial. En todo caso, una concentración de riqueza provoca una concentración de población.

Igual que hablamos de un tamaño óptimo de las ciudades, debemos hablar de un tamaño óptimo de los municipios. En esta línea hay que considerar la necesidad de decisiones políticas que favorezcan actividades productivas en zonas despobladas de los países. En España se han tomado en las últimas décadas decisiones políticas que favorecen las actividades productivas urbanas frente a las rurales.

Las ciudades más pobladas en España son:
-Madrid: 3.266.126 habitantes
-Barcelona: 1.636.762 habitantes
-Valencia: 794.288 habitantes
-Sevilla: 688.592 habitantes
-Zaragoza: 674.997 habitantes

Detrás de estas cifras se esconde la España despoblada y también el fenómeno del micromunicipalismo, tan presente en provincias como Burgos. Los economistas no nos ponemos de acuerdo a la hora de señalar un tamaño óptimo general para todas las ciudades y/o municipios. Yo hablaría de distintos tamaños óptimos en función de la estructura productiva. Donde hay un mayor consenso es en la necesidad de reagrupar municipios para reducir costes. Una reagrupación de municipios en España es una garantía para el Estado del Bienestar.

María Rey
Economista

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La reagrupación de municipios en la España vaciada

Plantear una reagrupación de municipios en España supone tener todas las particularidades del territorio español en cuenta. No podemos olvidarnos de la España despoblada. Comunidades Autónomas como Castilla y León, Asturias, Extremadura y Aragón han visto caer su población desde el año 1998 de manera significativa. Amplias regiones del país han sufrido movimientos migratorios de las zonas rurales hasta las grandes ciudades. En el caso de la llamada España vaciada los movimientos migratorios son extraregionales. Así vemos como desde el año 1975 la provincia de Soria pierde más del 23% de su población y la provincia de Madrid aumenta su población en un 73%.

La población se desplaza hacia las grandes ciudades. Así vemos como Madrid y sus ciudades dormitorio atraen a ciudadanos y ciudadanas procedentes en su mayoría de las provincias de la España vaciada. El fenómeno de la despoblación no se produce sólo en España. Existe una Alemania vaciada. En el este de Alemania constatamos un envejecimiento de la población y una despoblación extrema. Igual que en nuestra España vaciada, faltan médicos, bancos y empleo. Las parejas jóvenes huyen de los distritos rurales de la antigua RDA. La baja natalidad y la emigración hacia otros lares llevan a la caída de la población.

Una reagrupación de municipios en la España vaciada debe ser la solución a la caída de población. Se trataría de conseguir municipios que los jóvenes considerarán atractivos para desarrollar sus carreras profesionales y formar familias. Es imposible incrementar la población en Soria y en otras provincias de la España vaciada, si la población joven sigue marchando para Madrid. Son los jóvenes los que tienen hijos.

Según datos de Eurostat, la densidad de España en su conjunto es de 92 personas por kilómetro cuadrado. Alemania tiene una densidad de 233 personas por kilómetro cuadrado. La media de la Unión Europea es de 177 personas por kilómetro cuadrado. En este contexto tenemos el dato alarmante de Castilla y León: sólo hay 26,1 personas por kilómetro cuadrado.

La reagrupación de municipios no puede dar la espalda a esta realidad. Se plantea la reagrupación desde una combinación óptima de eficiencia y equidad. Los municipios con poblaciones iguales o superiores a los 50.000 habitantes deberán destinar el ahorro generado por la reagrupación, a financiar un Estado del Bienestar robusto. Una persona que viva en un entorno rural con un importante problema de despoblación tiene que tener acceso a todos los servicios que el Estado del Bienestar oferta en las ciudades. Esto sería un aliciente para los habitantes que buscan mayores oportunidades en las ciudades más pobladas.

María Rey
Economista
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sábado, 17 de octubre de 2020

Municipios de más de 50.000 habitantes

 
Dinamarca ha establecido en su reforma municipal del año 2007 la prohibición de municipios de menos de veinte mil habitantes, de cara a la reducción de costes administrativos. Estudiemos la posibilidad de reagrupar municipios en España con el mismo fin. Es decir, se trataría de salir del costosos micromunicipalismo que padece la administración local de nuestro país. El ahorro en gastos administrativos tendría que ir destinado a la financiación del tan necesario Estado del Bienestar. Menos funcionarios de ventanilla y más médicos. Menos cargos políticos municipales y más profesores en los centros de enseñanza reglada. Menos moqueta y más sanidad. En el caso español estableceremos la prohibición de municipios de menos de 50.000 habitantes.

Pongamos cifras a este proyecto ilusionante:
-Municipios de más de cien mil habitantes: 63 (40,1%)
-Municipios de entre 50.001 y 100.000 habitantes: 86 (13,1%)
-Municipios de 50.000 habitantes: 444 (46,8%)

Pasaríamos tener 7982 municipios de menos de 50.000 habitantes (en un micromunicipalismo que incluye en esta cifra alarmante por su cuantía a municipios de menos de mil habitantes) a tener 444 municipios con cincuenta mil habitantes. El 46,8% de la población española residiría en municipios de 50.000 habitantes con la consiguiente mejora y ahorro en la prestación de las competencias municipales establecidas por ley.

Con esos 444 municipios de 50.000 habitantes hemos restado 538 municipios. Habría 538 alcaldes menos y 6380 concejales menos. Estas cifras nos hacen imaginar el ahorro posible. Ponerle números a ese ahorro es difícil porque, de acuerdo con los datos del  ISPA de 2017, mil cuatrocientos municipios faltaron a su compromiso de comunicar los sueldos que la corporación municipal ha asignado a alcaldes y concejales. De todos los municipios que están obligados a informar al Ministerio, esto supone un porcentaje de incumplimiento de casi el 18%.

Por otra parte también debemos considerar que una reagrupación de municipios siempre es favorable para los ciudadanos al estar obligados los ayuntamientos a prestar más servicios mínimos obligatorios por ley. Una reagrupación de municipios, con el consiguiente ahorro en despilfarro de sueldos de las corporaciones municipales, facilitaría que algunos servicios mínimos obligatorios tuvieran una mayor financiación.

Por ejemplo, la prestación de servicios sociales es obligatoria para municipios de más de 20.000 habitantes. Un municipio de 20.000 habitantes, a día de hoy, poco puede hacer para ayudar a su población más desfavorecida. Son necesarios más recursos para llevar a buen fin las políticas de integración social y apoyo a personas con riesgo de exclusión. La financiación de las políticas sociales puede proceder del ahorro proveniente  de la reagrupación municipal.

María Rey
Economista
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jueves, 15 de octubre de 2020

La reagrupación de municipios: el ejemplo danés

Desde hace décadas en los países europeos más destacados vemos una tendencia a la agrupación de municipios para recortar gastos. El micromunicipalismo es una característica con la que va quedando en soledad España. A fecha 1 de enero de 2020 había en nuestro país 8.131 municipios, de los cuales 5.007 tenían menos de mil habitantes.

Para hacernos una idea del micromunicipalismo comparemos la provincia de Burgos con Dinamarca. En Burgos hay 371 municipios. En Dinamarca sólo hay 98 municipios tras la reforma administrativa de 1 de enero de 2007. Incluso antes de la citada reforma, Dinamarca tenía menos municipios que Burgos. Eran 268 municipios o kommuner. El Reino de Dinamarca lleva décadas reduciendo su administración municipal para recortar gastos. Tampoco se libran de los recortes administrativos las regiones. Han pasado en Dinamarca de 13 distritos a 5 regiones.

Para darnos cuenta del micromunicipalismo que dispara el gasto público en nuestro país, vamos a citar las cifras que nos ofrece el INE a 1 de enero de 2020:

-Población: 47.431.256
-Número de municipios: 8.131
-Municipios de más de 100.000 habitantes: 63 (40,1%)
-Municipios entre 50.001 y 100.000 habitantes: 86 (13,1%)
-Municipios entre 10.001 y 50.000 habitantes: 610 (26,7%)
-Municipios entre 1001 y 10.000 habitantes: 2.365 (17%)
-Municipios de menos de 1000 habitantes: 5.007 (3,1%)

En Dinamarca los municipios no pueden ser inferiores a 20.000 habitantes desde la última reforma. Tomemos nota de esta cifra y tomemos nota de la Ley que quedó en papel mojado en nuestro país. Me refiero a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local para la modificación de la planta municipal. Fue un intento de racionalizar el mapa municipal plagado de errores. Reconozco que es tarea difícil. Cualquier reestructuración de municipios tiene que pasar por un consenso político para evitar que un conflicto de competencias acabe con una nueva ley en el Tribunal Constitucional. Ese consenso sólo se puede conseguir con una ley que garantice el Estado del Bienestar para todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. Un municipio de mayor tamaño que el actual no puede llevar a la desatención del ciudadano o ciudadana que resida lejos de un casco urbano, sobre todo cuando hablemos de ciudadanos y ciudadanas con escasos recursos económicos. Los servicios públicos tienen que estar garantizados y ser mejorados con los recursos económicos derivados del ahorro en gastos administrativos.
María Rey
Economista
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